Algo más que una cuestión de nombres

La justicia federal salteña emplazó a que en 10 días cese la utilización ilegal del nombre “Partido Obrero”, por parta de una de las coaliciones presentadas para competir el 4 de julio. El magistrado Julio Bavio otorgó dicho plazo para que el sector amonestado modifique su marca electoral. Tal decisión ya fue presentada ante el Tribunal Electoral de la provincia de Salta.
Hace 5 años ESTRADOS

#Fallo #PartidoObrero #Deslegitimación

La dirigencia de la izquierda gaucha pidió evitar que se consume un fraude al electorado, mediante la ilegal utilización del nombre Partido Obrero por parte de un sector secesionista. Este exhorto se basó en un fallo dictado por el juez federal –con competencia electoral- Julio Bavio, el cual intimó a la fracción mencionada a cesar en tal utilización en un lapso de 10 días.

La decisión de la justicia federal salteña emplazó al sector encabezado con las dirigentas Violeta Gil y Gabriela Jorge, quienes pese a dejar el Partido Obrero dos años atrás, usaron indebidamente la personería jurídica. Bavio dispuso en el fallo conocido esta semana “hacer lugar al pedido formulado por el apoderado del Partido Obrero de orden nacional y en su mérito, INTIMAR al Partido Obrero del distrito Salta para Poder Judicial de la Nación que en el término de 10 (diez) días de notificado proceda a cambiar su denominación partidaria, bajo apercibimiento de no poder participar en lo sucesivo de comicio alguno”.

El asesor legal presentó esta decisión ante el Tribunal Electoral Provincial con el fin de impugnar que se siga usufructuando el nombre Partido Obrero como parte de una de las alianzas presentadas para las elecciones del 4 de julio. En cambio, el Partido Obrero y el sector legitimado, es el único existente en todo el país, integra el Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad y está representado en Salta por cientos de militantes encabezados por Claudio Del Plá, Cristina Foffani y Pablo López, entre otros dirigentes. 

Por ello, desde este último sector pidieron que se evite la consumación de “una defraudación al electorado”, anomalía para la cual consideraron que se está “a tiempo”.

NdR, 19 de mayo de 2021.