#Gastos #Prensa
#Judicialización
F.P.
En un embrollo
de dimensiones se metió la Secretaría de Prensa provincial a los fines de
hilvanar algo parecido a una respuesta sobre los gastos en publicidad oficial,
pese a los cuáles no consigue torcer el rumbo de la gestión actual a los ojos
de la opinión pública. Sucede que no es tan simple de responder el pedido de
informes hecho por la ONG Salta Transparente el pasado 20 de abril por el
alambicado sistema de toma de decisiones vigente.
Cuando
transcurren casi 10 días de aquella solicitud de la entidad civil (Ver artículo
“Como el misterio de la Quebrada”, link en parte inferior), Secretaría de
Prensa deberá pedir autorización a Coordinación Administrativa, y ambas al
consultor Juan Pablo Rodríguez, ex ministro U y autopercibido como “operador
político” en un opúsculo que despertase tempranas carcajadas. De modo tal que
este es el intrincado trayecto que deberá seguir lo demandado por Salta
Transparente.
A ello se debió
que el titular formal del área, el locutor Víctor Lamberto, solicitó un “waiver”
momentáneo a la institución, pero en esta misma epístola se comprometió a
responder “a la mayor brevedad” que se lo permita el esquema
Prensa-Coordinación-J.P. ROdríguez. Y eso que la solicitud le pidió datos por
encima, nomás, tales como criterios de distribución de los avisos y gastos
realizados en los últimos ejercicios mensuales o bimestrales.
“La respuesta
de la Secretaría de Prensa y Comunicación fue emitida dos días después de que
comunicáramos a esa dependencia que iniciaríamos acciones judiciales ante la falta de respuesta a
nuestras presentaciones”, detalló este jueves el abogado Gonzalo Guzmán Coraita,
titular de Salta Transparente. Y digan que el letrado antes mencionado no
incluyó en su pedido un detalle a la luz de parámetros de eficacia y eficiencia
de tales erogaciones!
De lo que
consiguió autorización para ofrecer explicaciones, Lamberto señaló en su nota
de respuesta que la pandemia de COVID-19 dificultó actuar con celeridad,
respecto a lo solicitado por ST. Dado que son muchos los empleados de esta
dependencia que “pertenecen a los
denominados grupos de riesgo”.
Y dado que Prensa es la encargada de “la recopilación de la información
que se solicitó”, al día de hoy “se desempeñan únicamente dos personas, la
Directora General y una empleada administrativa”. Una precisión que
evidentemente lo deja afuera del cumplimiento de tales labores, reconocimiento
inédito en la historia de la administración pública. Y ni qué decir de los
demás periodistas contratados por el Ejecutivo provincial en Prensa, con este
estigma casi imposible de remontar.
Sin embargo, Salta Transparente le recordó a los dos superiores a
quienes remite Lamberto que dichas “solicitudes fueron presentadas en noviembre
de 2020”, o sea, “hace más de cinco
meses”. Esto le permitió apelar, hasta aquel momento “de la facultad excepcional de prórroga que
prevé el artículo 11 de la Ley
27275, de mediar circunstancias que hagan razonablemente difícil reunir
la información solicitada, como ahora sorpresivamente argumenta”, le refrescó
la entidad a sus dos superiores.
Otro elemento contradictorio en la respuesta oficial, granada a la que
saltó Lamberto cuerpo a tierra, fue a una flagrante falsedad argumental en
comparación con lo pretextado en nota formal hace cinco meses. En concreto, que
toda la información solicitada en noviembre de 2020 como a mediados de abril de
2021 estaba a “disposición” para ser consultada por la ONG. Una promesa que ST
expuso como lisa y llanamente “falsa”. Algo que además fue documentado en sendas
actas notariales “labradas
el 6 y 8 de enero” pasados.
Y aún si esta
sucesión de tentativas de timos no fuesen tales, “la pandemia no suspende el
ejercicio de derechos constitucionales, como lo es en este caso, el de acceder
a información pública”, recordó Guzmán Coraita. Por lo cual, detalló que en una
nueva presentación formal efectuada por Salta Transparente el pasado 26 de
abril refutaron los argumentos que le hicieron cargar a Lamberto.
Por ello,
igualmente le advirtieron al titular formal de Prensa que al ser quien pone el
nombre y da la cara por terceros, le iniciarán “acciones judiciales que correspondan en caso de que la
información no nos sea brindada en un plazo de diez días hábiles”. El emplazamiento que hizo ST a Prensa expirará
el 10 de mayo próximo.
De acá a los
siguientes 10 días, Prensa de la Gobernación deberá informar acerca de “medios
que recibieron pauta oficial, contrataciones
de consultoras, medios y periodistas nacionales que
recibieron publicidad durante el 2019 y copias del expediente de contratación de la firma Praxis SRL”, entre otras cuestiones
pertinentes. Como indica el adagio campestre: acércame la tropilla pa´l
corral, y agarrame el alazán, agarrame el alazán.
Link
relacionado:
https://www.notaderedaccion.com.ar/noticias/id-1867_Como-el-misterio-de-la-Quebrada_#Q29tbyBlbCBtaXN0ZXJpbyBkZSBsYSBRdWVicmFkYQ==
NdR, 29 de
abril de 2021.
