#Lawfare
#Operador #Paradero #Detención
El operador
judicial y mediático del macrismo Pepín Rodríguez Simón es, por estas horas, un
ser de entidad inverosímil, como el dragón de Cólquide, el Minotauro o en breve
los osos polares. Un indicio respecto a su paradero es que el aparente repartidor
de iniquidades del anterior gobierno podría estar en Uruguay, por lo cual es
probable que deba actuar Cancillería para cumplir la orden de salir del país
librada desde la justicia federal.
En alguna playa
oriental, como esas en las que cocinaba Francis Mallman, Rodríguez Simón estará
disfrutando del sol y de algún choto (variante parrillera y yorugua de los
chinchulines), avistando con humor lo que sucede al otro lado del charco. Este
lunes, la jueza federal María Servini de Cubría libró un oficio por medio del
cual le exigió no ausentarse del país, aunque su salida se habría producido el
pasado 8 de diciembre.
La causa de
esta restricción es la que está ligada al centenar de llamados que el diputado
al Parlasur, pero con acceso libre a Balcarce 50 en tiempos del macrismo,
tendientes a enajenar C5N y Radio 10. Una pretensión a la que porfiarían en
oponerse los titulares de Grupo Indalo, Fabián De Souza y Cristóbal López, aún
pese a la promesa de calabozo vaticinada por Rodríguez Simón.
Como un
prolífico presagiador de publicaciones deshonrosas a terceros retobados, y
alguna que otra causa judicial, en los eventos festivos familiares de los
Rodríguez Simón se avistó a ministros del máximo tribunal, como el presidente
de la Corte Suprema, Carlos Rosenktrantz. Cosa de reforzar proyecciones carcelarias
dispensadas a los más rebeldes de aquellas épocas.
A lo mejor por
ello, la jueza Servini planteó el peligro concreto en el caso del ex
funcionario macrista “no sólo de poder
sustraerse del accionar de la justicia, basado en los contactos que tiene en
los distintos estamentos de poder, y el arraigo en el exterior del país, sino
también su intento de entorpecer en su momento el trámite” judicial en el que
se encuentra investigado. Y ahora imputado.
Esta medida fue
la que solicitaron los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, representantes
legales de Fabián de Sousa, víctima de los supuestos aprietes que se investigan
en esta causa. En ella, también se encuentran imputados otros miembros de la
llamada mesa judicial, como el extitular de la AFIP, Alberto Abad.
La citación a
comparecer que pende sobre el degustador de chotos es para el próximo 26 de
mayo, mientras que la de Abad será el 28 de abril. La magistrada reflexionó que
en la etapa de aislamiento preventivo “Rodríguez Simón habría podido viajar al
exterior, más específicamente a la República Oriental del Uruguay, aún con las
restricciones que en ese momento estaban vigentes en ambos países, por motivos
de trabajo, lo cual demostraría que podría trabajar y tendría arraigo fuera del
territorio nacional”.
En el oficio
librado, Servini reiteró que las maniobras achacables al ex operador incluyeron
“hostigamiento y ahogo financiero para con las empresas del Grupo Indalo
habrían importado casos de corrupción a través de los cuales, con abuso
funcional y desvío de intereses, tendrían como consecuencia perjuicios
económicos al mencionado grupo y al patrimonio nacional”.
Mientras que
consideró largamente comprobado que “Rodríguez
Simón participó de diversas reuniones con el querellante Cristóbal Manuel
López, y sus socios (Federico de Achával y Ricardo Benedicto), en las que les
manifestó las pretensiones económicas y operativas que tenía el Gobierno, y que
en caso de que no fueran acatadas les traería consecuencias negativas tanto
para sus empresas como para ellos”. En lo referido a su libertad para circular.
Al respecto, son variados los documentos en que el hombre requerido para declarar
en este caso se ufanaba de hablar en nombre del por ese entonces titular del
Ejecutivo nacional. Incluso, una de esas no tan amables tertulias se concretó
en Casa Rosada, aseguró con precisiones de hora, fecha y circunstancias, el
empresario De Achával.
NdR, 30 de
marzo de 2021.
