#Dificultad
#Acceso #Justicia #Género
Los organismos
civiles que velan por el cese de femicidios y otros hechos de violencia de
género se pusieron en alerta, tanto los del plano local como a nivel nacional, por
un caso que expone los obstáculos para acceder al servicio de justicia en
Salta. El centro de la preocupación y los temores, similares al caso Ursula,
fue la inacción del Juzgado Multifueros de Cafayate, curiosamente a cargo de
una mujer.
Por ello, en
las últimas horas las ONG que velan por estos derechos advirtieron a las
autoridades provinciales y nacionales, respecto a la desprotección de una
víctima de este tipo de hechos violentos. Desde el Instituto Jurídico de Género
del Colegio de Abogados de Salta, tanto como de la fundación Género y
Masculinidades (GeMa), así como la fundación Volviendo a Casa, efectuaron
advertencias por este evidente desamparo.
La situación se
planteó al conocer el caso de esta mujer, Y.Y., oriunda de los Valles Calchaquíes,
quien luego de exigir infructuosamente la intervención del Juzgado cafayateño
por una presentación contra su ex pareja, replicó su frustración al solicitar
el auxilio en organismos públicos de esta capital. Por ello, las entidades
civiles antes mencionadas exhortaron a que se de una satisfacción a la brevedad
por este caso, a fin de evitar hechos muchísimo más graves e irreparables.
Las gestiones a
toda prisa, fueron realizadas ante el Ministerio de Gobierno de la provincia de
Salta, por parte del órgano abogadil, mientras que las ONG enviaron un exhorto
al Ministerio Público Fiscal, poniéndolo al tanto de esta situación. En la
misiva dirigida al Procurador Abel Cornejo, Volviendo a Casa lo puso al tanto
de la recepción de esta “denuncia de suma gravedad”, efectuada por Y.Y., la que
se adjuntó con el “relato del correo electrónico recibido”.
En el cuadro de
situación, la mujer destacó que atravesaba “una situación de violencia de
género la cual viene sucediendo desde hace muchísimos años la violencia y los
insultos eran permanentes” desde que había alumbrado a gemelos. En aquel
momento, ante el incremento en el nivel de violencia, la joven acudió en 2017 a
denunciar a su, ya por entonces, ex marido.
De acuerdo al
relato, “fueron 2 episodios de violencia seguidos”. En un primer momento, la
mujer se olvidó “comprar bananas” para sus hijos, adquisición que luego realizó
el ingeniero -especializado en enología- por lo que luego “llegó, pisó las
bananas, me insulto de la peor manera” y al final la “empujó contra la pared” y
dio su cabeza “contra la pared.
Aunque
providencialmente “salió mi hija de su pieza y lo sacó afuera, cerramos todo
con llave”, por lo cual regresó una hora después junto a “un policía para sacar
sus cosas el policía me obligó que el entrara se llevó ropa y se fue”. Esto
ocurrió “un día sábado”, pero “a los 2 días regresó como si nada y se instaló
de nuevo” en la vivienda.
Una tras otra
El viernes
siguiente, después de una multiplicidad de insultos contra su persona y su
grupo familiar –en particular, las mujeres de su prole- “me empujó contra el marco de la puerta con el
niño en brazos, me caí al piso, el bebé se golpeó” y a pesar de estar en el
suelo “me agarró de los brazos, me zamarreó”, pese a lo cual alcanzó a echar “llave
a las puertas y me encerré en la pieza
con mis 2 hijos”. Aunque “a la madrugada volvió, rompió el vidrio de la puerta de
la cocina, entró, se bañó, desayunó y se fue”.
Aquella mañana,
YY denunció esto a la policía local. Sin embargo, no consiguió que el médico
legal fuera “a constatar mis lesiones: yo estaba toda moreteada ambos brazos
volví a mi casa y al día siguiente recibí una orden de alejamiento mutuo”. A
pesar que esto podría implicar un cambio en la situación, a partir de esta
instancia el calvario para la mujer se desplazó hasta “el juzgado”, pues “la
jueza (en) cada audiencia yo era maltratada, se burlaba y nunca hizo nada”.
Luego de poner
distancia con su ex pareja, YY volvió a Cafayate en 2020, luego de una
temporada en Jujuy en la que su actividad (el gimnasio) se vio afectada por la
pandemia. A su regreso, el hombre en principio se comprometió a ceder la casa
en la que vivía a fin de garantizarles techo a sus hijos, pero no cumplió. Y
ante esta situación, sumado a nuevos hechos de violencia, recurrió al servicio
del 144 y a la justicia local.
Pero al
regresar al Juzgado Multifueros vallisto “la jueza (NdR; Virginia Toranzos) dio una orden que él se
llevará heladera, cama y otras cosas de la casa”. Contó que a fin de 2020
Toranzos, habitualmente festiva en esa época del año, en cambio “me humilló
como quiso” y argumentó “que la violencia es relativa (…) hay que ver por qué
el señor se puso así”, dijo al reseñar esta cosmovisión preocupante al extremo
para la integridad física de YY [la que a esa altura igualmente ya había derivado
en castigos a su hija].
La mujer
recordó que en todo este lapso, Toranzos “me contestó: usted se fue de Cafayate
y luego volvió, ahora ajústese y si tiene que pasarla mal y bueno fue su decisión
volver; aténgase a las consecuencias”,
la reprendió, dándole a entender que quedaba librada al azar.
Situaciones
insostenibles que se repitieron hasta “la audiencia del martes” pasado, en las oficinas
del Juzgado cafayateño. Donde, al igual que antes, el agresor “se sintió
amparado por la jueza y regresó a agredir, a no respetar las medidas que le
pusieron (a manera de restricción), a presionarme y hostigarme constantemente”.
YY resumió que “ya no puedo más, la verdad, ya no lo estoy pudiendo resistir. Espero
puedan hacer algo", suplicó.
Una decisión
afortunada, a medias, fue que YY decidió viajar a mitad de semana hasta la
ciudad de Salta. Al solicitar el auxilio del Polo Integral de Mujeres, desde el
organismo le respondieron de manera reticente. Hasta que este jueves recurrió a
las entidades civiles antes mencionadas y éstas, a su vez, a la cartera de
Gobierno, al Ministerio Público y a organismos nacionales.
Como en la “Chacarera
del expediente” de Gustavo “Cuchi” Leguizamón, en que ni siquiera la venta de
todas las posesiones permite arribar a la satisfacción que teóricamente
corresponde dar a la estructura judicial. Este calvario continúa.
NdR, 18 de
febrero de 2021.