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#Plasma #Investigación
La Unidad de Delitos Económicos Complejos del
Ministerio Público Fiscal será la oficina que consagre la reapertura a las
actividades presenciales en la Ciudad Judicial, el próximo lunes (Ver artículo “Ciudad
Judicial reabre sus puertas”, NdR 1 de octubre de 2020). Para el 5 de octubre
está programada la audiencia formal de imputación al médico Martín De la Arena
por el escándalo del Plasmagate.
El galeno recibirá en esta ocasión el achaque
por la presunta comisión del delito de fraude a la administración (dos hechos),
en grado de tentativa en concurso real, en el carácter de autor y en perjuicio
del Estado Provincial. El MPF especificó que la notificación de esta citación
se hizo bajo apercibimiento de ordenar su conducción por la fuerza pública en
caso de incomparecencia injustificada. Y aún resta que De la Arena designe un
abogado defensor particular u oficial.
En el decreto
de imputación ya notificado al futuro imputado, constan las medidas realizadas
en el marco de la investigación, entre las cuales se encuentran las diferentes
declaraciones testimoniales tomadas a funcionarias y funcionarios, además de
los informes y documentación brindados por organismos nacionales y provinciales.
Se entiende que por la tentativa de comercializar plasma para auxiliar en la
etapa de recuperación a pacientes contagiados con coronavirus, a quienes
presuntamente les facturaban $ 30.000.
En este paso a
dar el lunes que viene, la UDEC evaluó que el virtual imputado, en su condición de socio gerente de una empresa
habilitada para la realización de Servicio Transfusional Hospitalario, y siendo
prestador de la obra Social IPS, habría solicitado en dos oportunidades el pago
de una práctica de transfusión de PCC -plasma- (plasmaféresis) por un valor
mayor al código nomenclado.
Cabe aclarar
que una primera presentación fue rechazada porque pretendía el pago de $69.000,
asimilando esta práctica a la de plaquetoferésis; luego solicitó por medio de
notas a dos sanatorios, el cobro de $ 30.000 a los pacientes, monto que luego
debería ser reintegrado por IPS. Todo esto, a sabiendas que al no haber una
resolución ministerial, no se estaba cobrando la entrega de las unidades, y que
por orden del Ministerio de Salud Pública, el Centro de Hemoterapia entregaría
las unidades de plasma en forma gratuita a los nosocomios autorizados.
Entre la
documentación recopilada por la Unidad de Delitos Económicos Complejos, se
encuentra también en el decreto que De la Arena no llegó a consumar su acto delictivo por cuestiones ajenas a su voluntad,
ya que el Instituto Provincial de Seguros de Salta rechazó sus pedidos, y le
indicó el código correspondiente a transfusión de plasma, cuyo valor en
nomenclador IPS es de $4607,88.
De todas
formas, la Fiscalía concluyó que en este caso, el ardid desplegado consistió en intentar que el IPS realizara el pago de
una prestación distinta a la que realmente se estaba llevando a cabo. De esa
manera, la obra social y en caso de ser engañada hubiera desembolsado un monto
significativamente superior al que verdaderamente correspondía, si hubiese
mediado confusión o complicidad con el mencionado profesional que debe
concurrir el lunes que viene.
NdR, 3 de
octubre de 2020.
