#VentanillaCobroCerrada
F.P.
Lo que algunas provincias sólo alcanzaron a expresar tímidamente, este jueves lo resaltó un informe de la consultora internacional Moody´s. De acuerdo a la mencionada calificadora de riesgo crediticio, los diversos distritos que tomaron deuda en los meses anteriores se enfrentan a dificultades crecientes para pagarlas.
El panorama de este año es tal que los Ejecutivos provinciales que asumieron estos compromisos deben afrontarlos con recursos cada vez más escasos, debido principalmente a la estanflación y particularmente en la baja en la recaudación. Esta semana, además de Moody´s, fueron los municipios los que hicieron un planteo ante el Ministerio de Economía por fondos percibidos por Nación, pero no girados a provincias y municipios.
Con un vocabulario algo más extravagante, el informe de la calificadora resumió que los ingresos corrientes de las provincias tuvieron leve recuperación en 2025 -en términos reales-, aunque insuficiente para expandir la inversión y el gasto. Por lo cual, el trabajo señaló que “la capacidad de sostener el acceso tanto al mercado local como internacional será un factor clave para una adecuada gestión del perfil de deuda, junto con el respaldo de organismos multilaterales”. O sea, si hay changüí desde Washington podrán reprogramarse vencimientos.
En el estudio que analizó los primeros nueve meses del año pasado, el crecimiento de los ingresos corrientes provinciales fue inferior al de los primeros tres trimestres de 2023. Por lo cual, el monitoreo echó mano a las sutilezas lingüísticas para indicar esta “recuperación incompleta”, en un escenario en que algunas actividades (minería, petróleo, agro) sacaron beneficios y otras cayeron en el quebranto (textil, autopartes, comercio, etc).
Producto de esta disparidad en el sector productivo fue el impacto negativo sobre las finanzas provinciales. De modo tal, la variante crediticia fue la que, más o menos, le dio un cierto envión a la actividad y hasta acá posibilitó tapar baches financieros y cubrir compromisos de deuda.
El trabajo, si bien no mencionó el superávit de u$s 20.000 millones que espera el Ejecutivo nacional del saldo comercial externo, atenuó expectativa que éstas ganancias tendrán un destino muy focalizado. En contraste, en “los primeros meses del año marcaron una dinámica todavía débil de los recursos coparticipables y de la recaudación de impuestos provinciales”.
En la víspera, la estrechez en las provincias y municipios fue el objetivo central de una marcha hasta Yrigoyen 250, sede del Ministerio de Economía de la nación. 145 Jefes comunales de diversas provincias del país fueron hasta este edificio, donde entregaron un documento que exhorta al gobierno nacional a aflojar el torniquete, en vistas que la situación institucional y vecinal no da para más.
Uno de los reclamos hizo blanco sobre la apropiación del Tesoro de unos $ 3 billones recaudados del impuesto a los combustibles, los que no destinó a inversión en obras viales (según lo exige la ley que creó este gravamen). Además, ingresó pero no invirtió en la obra del reversal del Gasoducto del Norte, lo que impidió concluir trabajos en plantas compresoras y por lo cual nuestro país volverá a importar gas de Bolivia (al doble del precio pagado por el gas criollo).
O la definición hecha por el economista Christian Buteler, respecto a que “sentarse sobre la caja no es equilibrio fiscal”. Según el experto, muy consultado en la city financiera, “si la reducción del déficit depende de la acumulación de deuda con prestadores (PAMI, transporte) y el diferimiento de leyes como financiamiento universitario o discapacidad, estamos ante una deuda flotante, no un ahorro genuino”.
Sólo cuando el interés viene por motivaciones de malversar estos fondos, dicho esto no sólo en términos legales, sino a los fines de graficar la situación financiera en la relación Nación-Provincias-Municipios. Tres de los principales eslabones que a mitad de mes ya empiezan a crujir.
NdR, 16 de abril de 2026.
