#Videovigilancia #Sistema #Costos
El gobierno provincial podría bajar el costo 5 veces y media el costo actual del mantenimiento al sistema de cámaras de videovigilancia dispuestas para colaborar en el servicio de seguridad. En un informe interno de esta cartera difundido este fin de semana se precisó que se podrían pagar por este concepto u$s 31.000 mensuales, en lugar de los u$s 172.000 que actualmente se derivan a esta finalidad.
La beneficiaria actual de este dispendioso accionar estatal es la compañía Nubicom S.R.L., la que el pasado miércoles sopló sus primeras 7 velitas. En efecto, la firma se constituyó oficialmente el 5 de mayo de 2014, en el apogeo de la “década ganada U”, la que arrulló a unos pocos soñadores del emprendedurismo.
A Nubicom, el Ejecutivo provincial le paga mensualmente u$s 266.000 por transmisión de datos y los ya mencionados u$s 172.000 por mes para el “mantenimiento” del sistema, según un informe periodístico publicado este domingo por El Tribuno. Sin embargo, esta compañía salteña –situada en el barrio Tres Cerritos, en calle Los Olmos al 100- no arribó a este convenio a través de una licitación, sino mediante contratación directa.
En este último caso, a pesar de aparentes y gruesos vicios legales que tendría este convenio con Nubicom que data de marzo de 2020. Este acuerdo no se puede sostener en el tiempo, sino que requiere de un nuevo llamado a licitación porque esta compañía salteña fue requerida de urgencia, ante la rescisión del contrato con la anterior prestataria Datandhome.
Además, la normativa invocada no consignó en el procedimiento de contratación abreviado con Nubicom las razones necesarias para fundamentar la supuesta urgencia, de acuerdo a lo que estipula la Ley de Contrataciones de la provincia. Argumento que, por añadidura debió haberse publicado en el Boletín Oficial, sarcófago de documentación que al parecer no verá la luz al menos hasta el 9 de diciembre de 2023.
Por otro lado, la baja a la firma Datandhome generó un reclamo judicial que se encuentra en la Corte de Justicia de Salta, consistente en u$s 6 millones en resarcimientos. Más las deficiencias en el servicio de videovigilancia que tiene incongruencias operativas, tales como cámaras en algunos colectivos de SAETA que recorren el sudeste capitalino, pero que sin embargo los domos callejeros son incapaces de detectar el asalto a un transeúnte que camine a metros de esta unidad de transporte.
NdR, 9 de mayo de 2021.
