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De la maraña de balance y proyecciones relativas a la gestión, NdR rescató del mensaje que abrió el período legislativo de ordinarias algunos puntos que se prestan a controversia. En particular, las referencias hechas este 1 de abril por parte del gobernador Sáenz a la situación de algunos empleados, su nexo con el Estado provincial y la remuneración que perciben.
En el caso de los/as contratados/as a cubrir roles específicos previstos en programas –casi en su totalidad instrumentados desde Nación- que contribuyan al sistema educativo estatal provincial. En su mensaje ante el Poder Legislativo, el mandatario salteño recordó que algunas/os de estas/os trabajadoras/es percibían apenas “$12.000 por sus funciones”.
Y si bien tal referencia fue al sector bajo contrato en la cartera Salud, claramente se podría extrapolar a la situación en Educación, otra de las que concentró gran parte de su alocución. En este caso, la similitud es numérica entre ambas/os servidoras/as, ya que la retribución en el área de enseñanza oscila entre los $ 16.000 (profesionales con título universitario) y los $ 11.000 (profesionales no universitarias/os). Aunque en el caso de Educación, muchas/os contratadas/os en tales programas arrastran impagos que datan de 2020.
Según Martín Rojas, Coordinador de Planes de Mejoras INET (Instituto Nacional de Educación Tecnológica), lo único adeudado en ésta área a su cargo corresponde a una Addenda instrumentada desde el Ejecutivo provincial en 2020 con el fin de compensar el impacto de la inflación en el bolsillo de estos trabajadores. Cabe señalar que el monto acordado por cada educador [que vincula con el sector científico-tecnológico y socio productivo, o contribuye al desarrollo profesional docente, por dar algunos ejemplos] está a cargo de la cartera educativa nacional.
De manera tal que lo enviado por Nación fue cancelado, según Rojas, no así el plus instrumentado por el Ejecutivo salteño. En tanto, para el presente ciclo lectivo la Coordinación de Planes de Mejoras INET todavía espera la resolución de Nación para darles operatividad a dichos proyectos.
Junto con los asistentes o integrantes de equipos técnicos como los de Planes de Mejoras, sus equivalentes en programas como Educación Bilingüe, Escuelas Abiertas y Puentes de Verano, siguen en una idéntica incertidumbre. La totalidad, luego de haber completado una seguidilla de requisitos formales, a la par de otras prerrogativas que demandan gastos a cargo del propio prestador de servicios.
Es decir que junto con el envío de Currículums, fotocopias de DNI y DDJJ de no acarrear sumarios ni causas judiciales, se les exige un Apto Psicológico otorgado por la empresa SIMELA o psicólogo particular, fotocopia de título autenticada, inscripción en Proveedores del Estado, pago de ART y pago de Rentas (el 0,006 % de los honorarios a percibir) por el contrato firmado con el Estado provincial.
Aunque una vez cumplidos los puntos ineludibles del menú y hasta después de la firma del acuerdo entre el contratado y el Ministerio de Educación provincial, ni siquiera esto garantiza que la retribución sea depositada al comienzo de mes. La misma oscila entre los $ 11.250 y los $ 16.000, según la función y el nivel de capacitación.
Previo a los feriados por Pascuas, NdR recibió una queja de un contratado en estos programas articulados con Nación. “No les pagaron NADA de 2020”, alertó un allegado a este sector de contratados, “llegó una partida de dinero, pero era atrasado, destinado a los fondos que se adeudaban de 2019”.
Crédito Fotográfico: Juventud Saencista.
NdR, 2 de abril de 2021.
