#Reforma #Constitución #RR #Herencia
F.P. (*).
Si de Carlos Menem reconocemos como herencia la destrucción de Altos Hornos Zapla, los abusos tarifarios, los pueblos fantasma, el pajueranismo por lo externo y la decadencia televisiva al ex gobernador Roberto Romero se lo liga con el Teleférico, el estadio Delmi, el despegue turístico y los proyectos ferroviarios metropolitanos. También, en el caso del extinto mandatario gaucho, a un evidente apego por las normas y por eludir toda angurria en el manejo del poder.
Este lunes, apenas una misa en la Iglesia San Francisco sirvió para homenajear a “El Tigre”, como solía llamarlo su experimentado asesor publicitario Clemente Aramayo. Por cuestiones de la pandemia, alegaron los familiares del creador del emporio periodístico limachino. Menos mal, habrán dicho algunos integrantes del staff saenzista.
Es que, además de lo que trae a la memoria el nombre de Romero, durante su gestión se convocó a una reforma de la Constitución Provincial que podría llevarse a los mechonazos con la planteada para su tratamiento este jueves en el Senado provincial. En 1986, además del rechazo a todo intento reeleccionista, se incluyó la temporalidad de los magistrados del máximo tribunal provincial en sus cargos. Por lo cual, hay quienes podrían alegar que la planteada en estos días es claramente una contrarreforma, en comparación con la de la década del 80’.
En la remembranza dirigida a su abuelo, la alcaldesa Titi Romero destacó “su lucha por el Norte Grande”, a la par de su “visión de futuro”, la “humildad” y sobre todo la capacidad para “escuchar y trabajar con quiénes más lo necesitan”. Quizás un contraste con la dirigencia actual, quienes difícilmente sostengan ni siquiera algo similar a una conversación con los choferes de los vehículos oficiales.
“El único gobernador de la provincia que no usó la Constitución para sí mismo fue Roberto Romero”, dijo el actual Vicegobernador salteño, Antonio Marocco, allá, hace mucho tiempo, el 16 agosto de 2018, en una entrevista que reprodujo el diario Punto Uno. En aquellos tiempos de juventud, el titular de la Cámara alta provincial [donde el jueves próximo se debatirá el proyecto para convocar a Reforma Constitucional] había dicho tres años atrás que ante la posibilidad de un debate sobre la Carta Magna ya se pretendía “la inamovilidad de los jueces”, la cual consideraba que “eso no es conveniente”.
La reforma constitucional de 1986, durante la gobernación de Roberto Romero estableció que la duración de los jueces en la Corte fuese de 6 años, más posibilidad de renovación y estabilidad mientras durase su buena conducta. Luego de la reforma de 1998, la que posibilitó extender a 12 años para reelegir gobernadores, se invocó que los jueces duraban la mitad de lo planteado para el Ejecutivo, de donde se derivó luego la actual pretensión que sus mandatos fuesen de por vida.
El espíritu perenne en esta vinculación estatal, reclamado desde algunos cargos, es abordado por Ricardo Gómez Diez en el opus “La reelección en las constituciones de Salta: la tradición de 177 años sin Reelección” (2014, Mundo Gráfico editorial). En esta obra de naturaleza jurídico-política, G10 se propone analizar “cómo el sistema de representación en la Legislatura, al otorgarle un valor menor al voto de los salteños que habitan en los principales centros urbanos, facilitó sucesivas reformas constitucionales y un modelo de ´concentración monopólica del poder´ que es necesario superar”, en pos de trasponer el “subdesarrollo político, económico y social”.
Por su parte, el analista Luis Caro Figueroa planteó este fin de semana que “lo que quiere este gobierno es reformar la Constitución de Salta como si fueran los estatutos del club Juventud Antoniana o la resolución que declara de interés parlamentario la profesión de peluquero”. Por esta razón exhortó a que “es nuestro deber denunciar esta ´superficialidad ejecutiva´”, dijo desde el portal Iruya.com.
En esta columna de análisis, Caro Figueroa apunta, no tanto al Gobernador Sáenz, cómo sí a lo que entiende en términos de “carencia de recursos intelectuales, técnicos y políticos” en la actual gestión provincial. Por ello, indicó que “debe comprender el gobierno -y no tanto el Gobernador como sus operadores- que el proyecto de hacer vitalicios a los jueces de la Corte de Justicia de Salta, aunque no sea presentado de esa manera, es una medida restrictiva de las libertades ciudadanas”. Nada menos!
Concepto al que precisa al remarcar que “no hay que hilar muy fino para relacionar el mandato indefinido de los jueces con la restricción de las libertades individuales, pues para comprender bien este asunto basta con tener presente que cualquier aumento o incremento del poder estatal (la conversión en vitalicios de unos jueces que son temporales claramente lo es) supone automáticamente y sin admisión de prueba en contrario una contracción proporcional del ámbito de las libertades ciudadanas”.
Lo que Caro Figueroa alerta que si en la actualidad el poder de los magistrados es enorme, convertirlos en puestos “eternos” constituirá un “paso en falso” de nuestra democracia, ya que conducirá hacia un “incontrolado autoritarismo”. Con muchos de los integrantes del Poder Judicial más propensos a esos viajes hacia Estados Unidos, donde se instruyen de lo que sus instructores les sugieren mejor para el país, la consideración ciudadana tampoco acompaña.
Un sondeo difundido este fin de semana por el Ministerio de Justicia de la nación, indicó que el Poder Judicial concentra un rechazo a su accionar que orilla el 90 % (Ver link artículo “El clamor popular por la justicia dice otra cosa”). En efecto, un 87,9 % de los entrevistados se dividió entre quienes dijeron tener “poca” o “nada” de confianza en lo que definen y en la actuación en general de los magistrados.
Link relacionado:
https://www.notaderedaccion.com.ar/noticias/id-1572_El-clamor-popular-por-la-justicia-dice-otra-cosa
(*) NdR, 16 de febrero de 2021.
