El dedo en el enchufe

F.P. 

La Federación Argentina de Colegios de Abogados evalúa la posibilidad de presentarse como querellante en la causa por espionaje que se tramita en el Juzgado Federal de Lomas de Zamora. Así le adelantó este lunes en diálogo con NdR el titular de la Comisión de la Defensa y director de la Comisión de Derechos Humanos de la F.A.C.A., Carlos López de Belva, respecto a la causa en la que varias veces fue mencionado un singular disertante agendado para el próximo jueves.

“No tengo simpatía ni empatía con el temario y el perfil que se va a evaluar en ese congreso, debido a las imputaciones por espionaje que hay contra el ex ministro”, afirmó el letrado en una entrevista con este medio, en alusión a Germán Garavano. El otrora titular de esta cartera durante el macrismo está agendado para el 30 de julio, en una conferencia organizada por la Universidad Austral, y de la cual se levantó polvareda entre los profesionales del Derecho salteños (versará sobre la aplicación del Nuevo Código Procesal Penal en las jurisdicciones de Salta y Jujuy).

Ante una consulta de nuestro medio en relación a la causa que podría complicar la situación de Garavano, investigada en el juzgado federal lomense, López de Belva afirmó categóricamente que el lawfare actual “es mucho más grave” que los devaneos teóricos del golpismo como los que solía ensayar Mariano Grondona. Si bien el ex redactor de bandos para gobiernos de facto, conductor televisivo y catedrático del Derecho argumentó en un intento de legitimarlos, el grado de sofisticación de la ´guerra mediante la justicia y los medios de prensa´ es una práctica que reviste mucha mayor gravedad para el orden republicano.

Por la región, los casos de lawfare se extendieron, a partir de 2009, desde Honduras con el derrocamiento del mandatario de centro Manuel Zelaya, Paraguay con el “juicio político” a Fernando Lugo (año 2012), Brasil con el “impeachment” a Dilma Rousseff (2016), mientras se afincan desde el poder en Ecuador y Bolivia –en esta nación, luego de un golpe de Estado a la vieja usanza.  

En particular, porque suponen “la institucionalización de una práctica”, apelando a herramientas con apariencia legal como la justicia, los servicios de inteligencia y los medios de prensa. López de Belva recordó que el año pasado la FACA ya denunció a jueces y a servicios de inteligencia, debido al “lawfare” como artimaña que equivale a un paso más hacia el fango y hace innecesario recurrir a las Fuerzas Armadas, como sucedía de los años 30 en adelante.

Si, reconoció su sorpresa al tomar conocimiento sobre el evento organizado por esta casa de estudios, en el que Garavano tendrá a su cargo la ponencia principal. En contraste, el miembro de la Federación aclaró que no tiene “valoración teórica o ética” que valga la pena, como tampoco “ningún interés en lo académico” por la conferencia en la que hablará el ex Ministro de Justicia de la nación. 

De hecho, la Junta de Gobierno de la entidad que nuclea a todos los colegios de abogados del país –y es de suponer que también integra el Colegio de Abogados de Salta- aprobó el 26 de junio pasado, dejando la instrumentación para la Mesa Directiva la ampliación de la denuncia “realizada en el año 2019 ante el Relator Especial de Naciones Unidas para la independencia de los jueces y los abogados y que FACA se presente como querellante ante el Juzgado Federal de Lomas de Zamora a cargo del Dr. Federico Villena”. Esto se debatirá en la reunión que podría ser convocada para los próximos 60 días y resolverá las medidas que considere oportunas, según conjeturó el especialista, quien detalló que la FACA viene realizando los últimos encuentros a través de la plataforma Zoom. Por caso, el Colegio de Abogados de La Plata ya está incorporado como querellante en este caso. 

A su vez, López de Belva recordó que en la Junta de Gobierno que la Federación realizó el 29 de marzo de 2019 ya había adelantado su “preocupación” por aquellas “denuncias de corrupción mezcladas con operaciones de inteligencia”. En este pronunciamiento de FACA (desde NdR conjeturamos que con presencia de la entidad salteña), advirtieron que éstas “ponen en jaque a la justicia argentina” y específicamente a la que tiene como jurisdicción Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Luego de estas deliberaciones en suelo puntano, el achaque fue que esta anomalía excede “cualquier límite de razonabilidad, acentúa la pérdida de confianza, credibilidad y prestigio que la sociedad le reclama”. Expresado en plena vigencia del gobierno anterior, en el cual Garavano era el titular de la cartera de Justicia, no un disertante como el de estos días. 

NdR, 28 de julio de 2020.