Así en el juego con fuego como por la tierra

#Raizdelconflictorionegrino #TerratenientesVsoriginarios

Son pocos los que dudan acerca de la existencia de La Luz Mala, el Hucumar y la Resistencia Ancestral Mapuche, pero los extraños sucesos en suelo rionegrino parecen tener origen en la especulación inmobiliaria. Sucede que este distrito es el único que no inició el proceso de titularización de catastros a las comunidades de originarios, como en cambio sí lo hicieron provincias como Salta y Jujuy.

La titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Magdalena Odarda, aseguró que el conflicto planteado en estos días se debe a un fallo judicial que favorece a la comunidad mapuche, en desmedro de un country. Un dato que desalentará a los cultores de los relatos de ficción, al estilo Bullrich, que mantenían viva la llama de su fantasía en conjeturas al estilo Caupolican o Lautaro (capacidad para derribar árboles centenarios y frondosos con un simple flechazo o bien a hondazos), respecto a los esmirriados chamanes patagónicos.

Este martes, el organismo a cargo de Odarda confirmó que la raíz de toda esta ofensiva mediática “nace de un fallo” favorable a los mapuches, el cual “afecta a un country de Bariloche”. Por ello, la titular del INAI le recordó a la Gobernadora, Arabela Carreras, la falta de cumplimiento de su gestión a la ley de emergencia territorial de los pueblos originarios.

La funcionaria rememoró que el área nacional a su cargo pidió en incontables ocasiones y por diversos mecanismos formales el nombramiento de un funcionario rionegrino, con el fin de comenzar un relevamiento territorial según lo estipulado por la Ley 26.160. En este ámbito con representación del Estado nacional, los Ejecutivos de provincias y comunidades originarias se deberían abordar las disputas territoriales litigiosas.  

En el caso particular, el mal momento está del lado de los propietarios del coqueto country [NdR: al estilo del que protagoniza el “lonko” macrista Joe Lewis en Lago Escondido] que mantiene circunscriptos al resto del vecindario y les impide el paso. A pesar de una disposición judicial que ordenó abrir el tránsito en este lugar cercano a Bariloche o bien dejar de cercar al resto de los prójimos en su libre albedrío circulatorio.

Esta disputa reflotó la verba que supo explotar la Piba B, hacia 2016/2017, por lo que no tardaron los achaques hacia los mapuches equiparándolos con grupos a los que habitualmente las buenas gentes asignan capacidad de “aterrorizar” al resto de la sociedad. Así, surgieron cabañas incendiadas y tentativas similares en algunas capillas de esta región rionegrina, en las que testimonios seguramente bien intencionados pero aparentemente con una alta cuota de temor sugieren a los caciques como instigadores.  

Aunque en el INAI atribuyen catadura de ficción a estas interpretaciones, y se limitan a consignar que lo único “ancestral” es la negativa de la Gobernación rionegrina a emprender relevamiento territorial y a la entrega de parte del suelo  a sus legítimos dueños, según diversas normas que hacen operativa la Constitución nacional. Y eso que son “títulos comunitarios” similares a los ya entregados en el resto de las provincias.

En particular, señaló este martes el organismo presidido por Odarda que en los últimos días se dieron diversas acusaciones al INAI. Razón por la que el INAI exigió que éstas se formalicen ante las autoridades judiciales y presenten las pruebas correspondientes.

El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas encuadró la elevada gravedad de tales imputaciones, relativas a “complicidad” e “instigación” en el contexto de tales incendios en la región andina. Más que nada, luego de la resolución rubricada por Odarda en función de la cual –en sintonía con una disposición judicial- posibilitó a la Lof Celestino Quijada evitar el cercado y la obligación de rodear varios kilómetros este emprendimiento inmobiliario de lujo, el cual desde hace 7 años impide llevar los pibes a la escuela o al hospital.

En esta tercera ocasión, el INAI reiteró el exhorto formal a la Gobernadora Carreras a rubricar el acuerdo para relevamiento establecido en la Ley 26.160. Al que ya suscribieron Salta, Neuquén, Santa Fe, Chaco, Jujuy, San Juan y Misiones. Como también exigió la entrega de títulos de propiedad, de acuerdo a lo prescripto por la Constitución Nacional.

Y Odarda pidió que deje de utilizarse a las comunidades originarias como falsa excusa en la virulenta campaña electoral en curso. Para lo que diferenció el caso trasandino que llevó al desfalleciente gobierno de Sebastián Piñera a disponer un estado de sitio en la región espejo del lado chileno, a pesar de indicios más que enclenques o igual que en el caso rionegrino.  

NdR, 26 de octubre de 2021.