#SaqueoEnMalvinas
F.P.
La administración violeta cuenta con los elementos normativos, antecedentes y hasta la jurisdiccionalidad para objetar la actividad ilegal de las petroleras británica e israelí en la cuenca de Malvinas. Por ello, el bloque peronista de la Cámara baja nacional exigió informes sobre la inacción del Ejecutivo nacional ante el avance de estas empresas piratas.
La inquietud opositora está ampliamente fundada en la carencia de un planteo formal desde Casa Rosada por el avance de Navitas y Rockhopper en el Atlántico Sur. Mucho más cuando la estimación indica que de esta cuenca malvinense podrían recuperarse en total unos 6.000 millones de barriles de petróleo, casi el equivalente a la deuda externa del Estado argentino.
En el ámbito legislativo, el pedido de informes fue planteado por los diputados Guillermo Michel, Kelly Olmos y Moira Lanesan Sancho, pertenecientes a la bancada Unión por la Patria. Mucho más allá del enjuagado comunicado del Palacio San Martín, planteado tras el reclamo provincial de Tierra del Fuego y el trapo del Seleccionado argentino en el césped de Atlanta, el pasado 15 de julio.
Bajo la lupa está el yacimiento Sea Lion, el cual junto con la petrolera pirata Rockhopper ya fueran objeto de reclamos formales que nuestro país entabló desde hace 15 años atrás. En 2010, esta compañía de capitales británicos había confirmado el hallazgo del mencionado yacimiento de hidrocarburos. Sin embargo, su desarrollo se frenó por los bajos precios internacionales en aquel entonces y el posterior reclamo argentino.
Otro elemento adicional para dejar en pausa este proyecto fueron las dudas de esta compañía al momento de registrar en sus balances el potencial de un yacimiento con posibles derivaciones litigiosas. Pero en 2022, Navitas adquirió el 65% del paquete que Rockhopper tenía en el yacimiento Sea Lion y en septiembre del año siguiente -año 2023- inició las perforaciones en la plataforma continental criolla.
Por aquellos años, el gobierno de Alberto Fernández emitió la Resolución 240/2022, por la cual declaró “clandestinas” las actividades de Navitas e inhabilitó a la firma por veinte años para operar en el país. Una medida formal que mantuvo Cancillería, aunque por otro lado enarboló su alineamiento a pleno con todo lo que remita a intereses israelíes y devoción a los de origen británico.
A fines del año pasado, Navitas y Rockhopper acordaron la primera fase del desarrollo, que apunta a 170 millones de barriles con una producción pico de 55.000 barriles diarios. Una segunda fase sumaría otros 149 millones, llevando el total a 319 millones de barriles que es apenas una porción del recurso contingente de 917 millones de barriles brutos que la propia Rockhopper reconoce en el campo completo. En un desarrollo proyectado a más de treinta años.
Aunque desde el año 2011, la Ley 26.659 (modificada en 2013 por la Ley 26.915) taxativamente prohibió la exploración o explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin autorización del gobierno nacional. En dicha normativa, prevé inhabilitaciones de 5 a 20 años para operar en el país y contempla responsabilidad penal para personas físicas y jurídicas.
En el lapso 2011/2015 permitió imponer sanciones a ocho empresas bajo este marco, con una causa que tramitó en el Juzgado Federal de Río Grande, en Tierra del Fuego. Es el mismo fuero que en estos días se mantuvo silbando para otro lado, distraído, frente a las tropelías de Navitas y Rockhopper en Sea Lion.
Con el agravante que en el último lustro el Estado argentino inhabilitó a Navitas Petroleum por actividades de exploración sin autorización en la Cuenca Malvinas Norte. Sanción que también recayó en las compañías británicas Chrysaor Holdings y Harbour Energy.
Dicha amonestación fue operacionalizada por la Secretaría de Energía, la que tramitó el expediente, dictó la resolución, y aplicó la sanción. El mecanismo funcionó una vez, contra la misma empresa, en la misma cuenca. Por lo cual, la administración mileidiana cuenta con este precedente, con el fuero para establecer penalidades y la norma que les da razonabilidad.
Lo único de lo que adolece la gestión violeta es del envión para darle curso a esta acción. Mientras, es toda una incógnita a resolver cuál es el contra$ que sugiere a los funcionarios quedarse en el mazo.
NdR, 25 de julio de 2026.
