Por: Federico
Pérez (*).
La espuma
mediática y política arrojada en torno a los caños del gasoducto del NEA es lo
único que por ahora se aprecia en la superficie. Aunque también lo que parece
ser una cierta inclinación a que el intendente Jorge Prado (Aguaray) sea el
pato de la boda, el chivo expiatorio de la cuestión, o bien apenas un eslabón
de una cadena más gruesa. Y que podría conducir más alto.
Un punto de
partida ilustrativo al respecto es que el actual Jefe comunal asumió en la
Municipalidad norteña en diciembre de 2019. En tanto, el presunto robo de caños
para el tendido del ducto gasífero se remonta, según la ampliación de la imputación
en su contra, hacia noviembre del año pasado, de acuerdo a los apuntes del
fiscal federal Marcos Romero, de la sede descentralizada de Tartagal.
El Fiscal
recordó que el 12 de noviembre de 2019, Miguel Ángel Cuéllar fue sorprendido en
el paraje Alto La Sierra, transportando 14 caños a bordo de un colectivo
modificado para trasladar esta pesada carga. Por este hallazgo, Romero le cargó
al Jefe comunal de Aguaray (aún no asumido, por aquel entonces) un achaque más
por aparente fraude a la administración pública. A Prado ya le habían imputado
en esta misma causa un cargo similar y anterior.
Lo curioso de
todo es que hasta el momento, en la causa propiamente dicha sólo figuran
indicios que conocidos del alcalde norteño o terceros que invocaron su nombre
–o una orden firmada por él- se encuentran entre los involucrados. Esto en
cuanto a la causa judicial. En cambio a nivel de la difusión mediática, el primer
misterio remite a un nexo que es corriente en poblaciones salteñas, en las que
vecinos de una misma localidad o de poblados contiguos hubiesen mantenido con
anterioridad trato profesional, mercantil o de amistad. El segundo, un indicio
para indagar más en profundidad.
Cerca del
intendente Prado, si bien se reservaron comentarios en cuanto a una supuesta
ingenuidad con la que podría haber actuado, ratificaron que la decisión al
disponer el retiro de los caños se basó en normas internacionales que protegen
al medio ambiente y que, en lo especifico, resultan aplicables a herramientas
abandonadas dos años atrás. Y que notas de canales metropolitanos consignaban en
los años previos sobre el riesgo ambiental, debido a electrodos (para soldadura)
y volcaduras de aceite que había generado este abandono de la obra.
De manera
idéntica, aún quedan interrogantes por esclarecer en esta investigación
principalmente en cuanto a la logística con la que se habría cometido este
gigantesco robo y el beneficio pecuniario que este accionar ilegal pudiese
generar a quienes lo habrían perpetrado. En relación a esto último, el propio
Prado se avino a que la justicia federal revise los últimos movimientos en sus
cuentas bancarias.
Mientras que la
conjetura de un supuesto micro emprendimiento delictivo del Intendente &
unos cuantos amigos vinculado a esta hipotética sustracción por u$s 13,5
millones, no parece razonable en sí misma. Un informe realizado por el
periodista Nicolás Bignante, publicado en el periódico Cuarto Poder el 17 de
agosto último, expone una serie de dudas pesadas de sobrellevar.
Principalmente
técnicas. Una de ellas es que “cada caño sin costura de 11 metros” que fabrica
Tenaris -la división específica de Techint- cuenta con un número de serie que
funciona como si fuese su DNI. Esta numeración sirve para determinar, más allá
de cualquier duda razonable, la ubicación del lugar exacto, previsto para
soterrarlo.
Por todo lo
anterior, el mencionado colega indicó en este artículo que “la tajante
conclusión de los especialistas en obra pública es que un robo de esa
envergadura sencillamente no tiene mercado”. Es decir, si la sustracción de
estos tubos sin costura fabricados por Techint se hubiese efectuado,
posteriormente no tendría quien los compre. Y, por tanto, no habría beneficios
para su autor.
Tal vez por
este motivo, en la Legislatura provincial aún no prosperó el pedido de remoción
que un sector de los representantes –el Frente de Todos- planteó como salida
para el caso de Aguaray. Fuera de algunos chispazos mediáticos, aparentemente
el avance de la causa judicial no logró persuadir a las demás bancadas en
cuanto a varias dudas, algunas de ellas consignadas en este artículo.
Crédito
fotográfico: Feedback Salta.
(*) NdR, 27 de
agosto de 2020.
