F.P.
Una de las
flamantes bajas en el gabinete titirromerista estaría vinculada a los aparentes
–y millonarios- desmanejos de fondos para publicidad oficial, encauzados por
vía judicial. En este entramado puede leerse la dimisión que habría presentada
este miércoles por Florencia Ghiberti a la Secretaría de Hacienda de la
intendencia de Salta.
“La Muni arde”,
confió este miércoles por la noche a NdR una fuente ligada al gabinete de Titi
Romero. Sucede que la presentación formal que se le atribuye a la segunda de
Daniel Amador, en la Secretaría de Hacienda, habría incluido un alegato en
motivos personales y asuntos familiares como razonamiento principal.
Los que conocen
a Ghiberti afirman que no fue muy de su agrado la perspectiva de responder en
sede judicial por la administración de fondos públicos, de los que se sospecha
que en gran medida son captados por empresas directamente vinculadas a la
familia de la Alcaldesa u otras que con algo más de disimulo tienen al frente a
gente muy cercana a los Romero. Comerse un pelotazo en la cara, sin motivo a la
vista.
El primer medio
que se hizo eco de la renuncia de Ghiberti fue el portal La Yapa Salta, al
publicar sobre esta nueva baja en el gabinete comunal, aunque sin adelantar
mayores especulaciones al respecto. Aunque la coincidencia de tiempos parece
señalar que la motivación para presentar su partida formal habría comenzado a
vertebrarse cuando llegó hace 10 días un oficio del Ministerio Público Fiscal
al Centro Cívico Municipal.
En efecto, con
la firma del fiscal Leandro Joaquín Flores, desembarcó en el CCM este resolución
con la meta que el oficialismo capitalino realice su descargo, ante la denuncia
realizada por el abogado Sergio Aguilera (Ver artículo “El carro, la bici y el
caballo del comisario”, NdR, 17 de julio de 2020), en contra de dos funcionarios
municipales. En esta presentación, el letrado había señalado como posibles
responsables por “aparentes negocios incompatibles con la función pública y
administración fraudulenta al Subsecretario de Comunicación, Juan Fermín
Aranda, y a la Coordinadora de Contenidos, Agustina Gallo Puló”.
La
profundización de esta investigación, claramente, requiere como primera medida
determinar con precisión la cantidad de fondos y el soporte en la
fundamentación para realizarlo. De lo cual el primer paso es lograr estos datos
precisos, primero en Hacienda Municipal y luego en el departamento Legal y
Técnico del Ejecutivo capitalino. Tal parece que en un escenario en el que no
abreva, ni comulga, Gilabert habría optado por dar este paso al costado.
Más allá de
esta partida, restan por determinar un montón de apartados y detalles que
planteó la denuncia presentada por Aguilera. Por ejemplo, la cuasi total
identificación de JF (Aranda) en su rol como funcionario municipal, junto a
otro JF Aranda que se presenta como titular de 5 medios de comunicación que
reciben cuantiosa subvención estatal municipal, pese a su inserción social
dudosa.
NdR, 29 de
julio de 2020.
