F.P.
El procedimiento
ordenado este lunes por el fiscal federal, Ricardo Toranzos, con el fin de
obtener detalles respecto a los parámetros para gestionar el Ingreso Familiar
de Emergencia es un presagio sobre los dos epílogos planteados el fin de semana
desde este sitio (ver artículo “El hotel de los destrozones corazonados”, NdR,
25 de julio de 2020). El operativo judicial apunta a saber sobre la filtración
pública, como en relación a la aparente pretensión de concejales –en su mayoría
del interior provincial- y funcionarios para gestionar este beneficio.
El cual pone
sobre la mesa de esta polémica algunas preguntas que vienen al caso. Por
ejemplo: ¿Los municipios retuvieron fondos previsionales que debieron haber
aportado en nombre de los ediles? ¿Los concejales recibieron en off algún aviso
que los pudiese incitar a la realización de este trámite en ANSES para percibir
el IFE?
Las conjeturas
más disímiles se barajan al inicio de esta semana en diferentes ciudades de
nuestra provincia, tal vez avistando una operación enchastre, en determinados
casos. Lo cierto es que los respectivos Ejecutivos municipales son los
encargados de efectuar los aportes de los ediles, quienes perciben su
remuneración en la categoría de Planta Política. Es decir, si este aporte no se
efectuó abre la posibilidad que ANSES no tuviese información relacionada con este
alta laboral, lo que posibilitaría rankear para el IFE.
Por tal
razonamiento, las miradas perpendiculares van de los pobladores hacia los
concejales, de éstos últimos hacia los intendentes, y de los Jefes comunales
hacia nuestra Capital provincial. Posiblemente, intentando rememorar la
aparición de alguna señal en el mapa hacia fines de 2019, decodificada como
salvoconducto de una eventual omisión previsional.
Entre tanto
apuro e indignación
En medio de la
prisa que impone la primera reacción social ante esta noticia (la que parece menos
espectacular con el correr de las horas), un legislador del interior se tomó
los 5´ requeridos para el té y la reflexión. ¿”Cómo es posible que trabajadores
en blanco como son los concejales hayan sido aprobados”?, interrogó este lunes el
diputado güemense Daniel Segura, en una entrevista con diario El Tribuno. Una
premisa –la del blanqueo laboral- válida solamente para años de normalidad.
El legislador
advirtió sobre la vulnerabilidad que tiene “el sistema que posee la Anses para
otorgar el IFE”, al notar que “cientos de personas que merecían cobrarlo no
pudieron hacerlo”. Y si bien se pronunció en repudio a los representantes que efectivamente
cobraron a sabiendas, advirtió que “también es cierto que expulsar a un
concejal no va a ser fácil salvo que decidan renunciar”.
Respecto a la
vulnerabilidad del sistema informático de ANSES y la eventual intromisión de
terceras personas ajenas a este organismo, será algo de lo que dará cuentas la
investigación empezada por Toranzos. Existe una ilegalidad manifiesta en la
difusión de datos personalísimos que gozan de cobertura constitucional, más
allá de la motivación de pillaje que pudiere detectarse en actores sociales de
la política, el mundo empresarial o el periodismo. Lo que hace suponer, en
relación a un recurso de Hábeas Data que cumpla con tal precepto normativo.
Algo tarde, ya.
Esta orden de
entrega de información, como detalló este lunes el diario El Tribuno, comenzó
con el gesto asertivo de Marcos Vera Ramíres, delegado en Salta de ANSES. Con
el auxilio de los departamentos de Casos Complejos (Unidad Fiscal Salta) y
Delitos Económicos (Gendarmería) se iniciaron los procedimientos en los CPU del
organismo previsional, además de otros reservorios de información potencialmente
útil. Y como dijimos este fin de semana: puede haber dos epílogos en esta
historia. La cual recién comienza.
NdR, 27 de
julio de 2020.
