El oficialismo digirió como lo más natural el
anuncio hecho este lunes por Alberto Fernández, respecto a tomar el control de
la empresa Vicentín, en la proporción de créditos impagos que la empresa
adquirió con el Banco Nación. Luego del anuncio presidencial, la ministra de
Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa, concluyó que “con el
anuncio de la intervención y el envío al Congreso del proyecto expropiación de
Vicentin, el Presidente acaba de tomar una decisión trascendental”.
La funcionaria remarcó que “se trata de una
fuerte apuesta a la producción y el trabajo nacional. Un paso histórico hacia
la soberanía alimentaria”. Su coterráneo, el dirigente del socialismo Rubén
Giustiniani consideró que la novedad sobre esta aceitera “va en una dirección
correcta para preservar las fuentes de trabajo, tener una empresa testigo de la
comercialización de granos y jugar un rol en el mercado de los alimentos”.
Mientras, el embajador argentino designado en
España, Ricardo Alfonsín, celebró “la idea del Presidente de darle al Estado la
oportunidad de contar con una empresa testigo en el mercado de granos y de
cambios. Es una decisión no solo económica, sino también políticamente
estratégica”. Más lacónico, el diputado nacional Rodolfo Tailhade publicó en
Twitter: “González Fraga, va a ir a Ezeiza o a Marcos Paz”?
En contraste con el sector dirigencial de
Juntos por el Cambio que se escudó en la negativas sin mayores vueltas o en la
equiparación con países que en su visión remiten a la izquierda. Uno de ellos,
el diputado nacional Luis Petri, aseguró que “la expropiación de Vicentín es un
muy mal mensaje que da el Gobierno, una pésima salida en términos de confianza
para generar inversión en un momento en que la economía necesita certezas, el
Gobierno gira a la Venezuela”, dijo el mendocino.
Estos primeros acercamientos surgieron luego
de la conferencia de prensa que en la tarde de este lunes dio el Jefe de
Estado, al anunciar el desembarco estatal en el directorio de la agroexportadora,
como paso previo a enviar al Congreso un proyecto de ley de declaración de
utilidad pública y expropiación. Según lo que definió Fernández la meta a
seguir será el rescate de la aceitera (el economista Gabriel Delgado será el
interventor), deudora del Nación, y asignarle el rol de firma testigo en la
comercialización de granos y en la producción de alimentos.
El titular del Ejecutivo nacional ratificó que
el objetivo será “rescatar a la empresa en favor de la economía argentina y de
una parte de la economía que tiene particular relevancia como es el mercado de
granos y de cereales”. Además, le servirá a nuestro país a fin de lograr “la soberanía
alimentaria” al contar con esta posición estratégica.
A su turno, el ministro de Producción, Matías
Kulfas reiteró tal ponderación al “tener una empresa testigo en el mercado de
granos y en el mercado de cambios”. El
proyecto de ley busca declarar a Vicentin de utilidad pública y sujeta a
expropiación para que pase a formar parte de un fondo fiduciario que
administrará YPF Agro, con lo que se replicará el modelo de gestión mixta. Tal
el nombre de la división específica de la petrolera nacional que comercializa
semillas, productos para la protección y nutrición de cultivos, además de silo
bolsas y lubricantes.
Quien tendrá a su cargo este rol normalizador,
Gabriel Delgado, tiene como antecedentes haber ocupado la función de Secretario
de Agricultura, Ganadería y Pesca entre 2013 y 2015, es doctor en Finanzas de
la Universidad del CEMA y economista del INTA. En paralelo, el proceso de
convocatoria de acreedores seguirá su curso en el Juzgado de Primera Instancia
Civil y Comercial de la Segunda Nominación de Reconquista, mientras se pondrá a
disposición de la Justicia toda la información para que se lleve adelante la
investigación sobre el proceso de vaciamiento al que fue sometida la empresa.
La firma Vicentin es líder en la producción de
alimentos, aunque entró en convocatoria de acreedores luego de que anunciara la
cesación de pagos de su deuda a fines del 2019 como resultado de un proceso de
vaciamiento. El principal acreedor de la empresa es el Banco Nación, que
concentra el 80 % de la deuda financiera.
La empresa cuenta con plantas de cereales y
oleaginosas en las localidades santafesinas de Avellaneda, San Lorenzo y
Ricardone, una división de producción de Biodiesel (Renova), otra textil que
incluye desmotadora, hilandería y tejeduría, una planta de jugo concentrado de
uva en San Juan, Vicentin Family Wines en Mendoza, además de acopio y
exportación de Miel (Promiel), producción ganadera y sedes en Montevideo, San
Pablo y Asunción.
NdR, 8 de junio de 2020.
