F.P. (*).
La nominación
de los tres directores que el Estado nacional deberá indicar para la próxima
asamblea del Banco Macro es objeto de
especulaciones con nombres que van de un lado hacia el otro. Aunque es poco
probable el pase de esta consulta por cerca de nuestro distrito, pese a ser
desde hace más de una década y media el agente financiero del Estado salteño.
El pasado
viernes, la entidad financiera ubicada en avenida Eduardo Madero 1172, en
Catalinas Norte, informó a la Bolsa de Buenos Aires que la asamblea en la que
se abordarán estas tres incorporaciones se realizará el 27 de mayo, a las 11 de
la mañana. La troika que defina el Presidente de la Nación, Alberto Fernández,
obedecerá al 27,49 % que el Estado argentino posee del paquete accionario,
mediante la participación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.
En el coqueto
edificio concebido por el arquitecto César Pelli –fallecido hace poco y deudor del
Mirador del Valle, anunciado en 2013 por el ex gobernador Urtubey- con algunas
curvas en el diseño se llevará a cabo este encuentro, luego del cuarto
intermedio que el viernes solicitó el ANSES, en medio de la renuncia de
Alejandro Vanoli. El presidente del directorio, Delfín Jorge Ezequiel Carballo,
y su segundo, Jorge Brito, informaron a la Bolsa porteña que a fin de mes se
cubrirán puestos de un “director titular
por un ejercicio a fin de cubrir la vacante generada por la renuncia del señor
Juan Martín Monge Varela y completar su mandato”.
Además, de “un
director suplente por dos ejercicios a fin de cubrir la vacante
generada por la renuncia del señor Alejandro
Guillermo Chiti y completar su mandato”, a lo que se le agregará seguramente la vacante por el sillón que ocupa el abogado Alejandro
Fargosi. En tanto, el Grupo Macro anunció que para fines de junio se producirá
el reparto de dividendos logrados al finalizar el ejercicio 2019. En el
ambiente bursátil, algunos traders conjeturaron el fin de semana pasado que “a estos
valores seguro que Brito no te vendería el Banco porque te lo estaría regalando”,
concepto en referencia a la baja en las acciones de la entidad.
Son $
40.588.848.524,10 que el Directorio del Macro propuso destinar de acuerdo al
siguiente criterio: $ 8.159.955.104,82 para la Reserva Legal; y $
32.428.893.419,28 a lo que se denomina Reserva Facultativa (para futuras
distribuciones de ganancias) “conforme a la Comunicación ´A´ 6464 y
complementarias del Banco Central de la República Argentina”. Mientras que de
este último monto, la propuesta para el mes de junio contempla que unos $
12.788.268.160 sea destinado “al pago de un dividendo en efectivo, dentro de
los 10 días hábiles de su aprobación por la asamblea, sujeto a la autorización
previa del Banco Central de la República Argentina”.
Un
paneo cercano
Vendido a fines
de los años 90 a $ 60.000 por el romerismo, el féretro al Banco Provincia acunó
al Macro como agente financiero del Estado salteño, mientras vio a su titular,
Jorge Brito, afincarse en el paraje Laguna Blanca (Anta). Desde ahí en
adelante, no es mucho lo que esta entidad hizo por los vecinos, excepto
obstaculizar con diversos artilugios la libre disponibilidad de haberes a
93.000 familias que integran la planta de agentes estatales.
Es por ello que
la hecatombe social que fue el viernes 3 de abril, con miles de jubilados y
pensionados agolpados frente a sus sucursales –como también las de otros
bancos- alertó a ciertos dirigentes políticos sobre el déficit en estas
prestaciones. Por ello, en la Cámara alta el senador rosariolermino Sergio
Ramos exigió saber cómo y por qué en todo el territorio provincial el promedio
de cajeros automáticos es una terminal por cada 3.690 usuarios, según un
reciente informe del Banco Central.
El Senador
vallisto requirió que el Ministerio de Gobierno informe cuántas de estas máquinas
dispuso cada entidad (BICE, Columbia; Comafi, Cordial, Credicoop, Galicia,
Nación, Industrial e Itaú, entre otros) para funcionar en cada punto del mapa
gaucho. Además, Ramos pidió en este informe el “total de cuentas jubilaciones,
pensiones y beneficios ANSES, determinando que cantidad se corresponden a Salta
Capital y al Interior”, como el “total de cuentas sueldo determinando que
cantidad se corresponden a Salta Capital y al Interior”.
Y poniendo a
prueba la ingenuidad, tanto propia como del resto de la población, de todas
formas el legislador incluyó en este exhorto el “monto total y cantidad de
empresas a las cuales se otorgaron créditos en el marco de la emergencia
sanitaria (COVID 19) contenidos en la línea 24% destinados a PyMEs”. PyMEs! Habrá
repetido el Secretario Legislativo de la Cámara alta, al releer este
requerimiento. PyMEs??? Preguntarán desde calle España al 500.
Ni qué hablar
de su colega, Marcelo García, quien el jueves pasado pidió al Ejecutivo
provincial agilizar acciones para que el agente financiero estatal instale una
sucursal en El Quebrachal, a sólo 25 kilómetros de donde vive Brito en el
departamento de Anta. Además, el parlamentario pidió por una de esas máquinas
sobre las que consultó su homólogo Ramos, esta vez para la localidad de
Talavera.
Además de los
exhortos realizados en esta última sesión de abril, una semana antes el senador
Juan Cruz Curá había pedido toda la documentación de aquella venta que el
romerismo hizo en el año 97. También las condiciones en las que el Macro
continuó siendo el agente financiero estatal, pese al rosario de dificultades
para los usuarios. Es de suponer que la documentación pedida por el legislador
oranense estará al caer.
NdR, 3 de mayo
de 2020.
