El Concejo
Deliberante capitalino y el Poder Judicial parecen los peor posicionados en
cuanto a percepción social, de acuerdo a un sondeo basado en una muestra de
1.064 casos en toda Salta. A esto, faltaría contabilizar en próximos ajustes o “tracking”
sociológicos el impacto negativo que en la opinión pública provincial amaga generar
el proyecto de ampliación de la Corte de Justicia local, el cual se hizo lugar
a puro pechazo en la Cámara alta.
El detalle sorpresivo en esta encuesta fue que el cuerpo deliberativo
capitalino cosechara una imagen negativa
del 64,9%; y que en segundo lugar se ubicase el Poder Judicial, con el 60,7%
para la consultora WE. Un shock que incluso también lo fue para su titular,
Benjamín Gebhard, quien recordó como “el que tenía la peor imagen
históricamente era la Justicia, sin embargo, hoy es el Concejo el que se lleva
ese primer puesto”, le dijo el sábado último a Página/12.
Un movimiento en el fondo de la tabla al que todo equipo imputaría como
un compromiso a evitar. Sobre todo, el Poder Judicial que a pesar de haber
contratado en 2018 un trabajo de consultoría por $ 400.000 mensuales, al
parecer sigue manoteando en este pantano, sin poder salir de él. Y con la duda
razonable que persiste a la vuelta de toda
tarea de marketing capaz de remontar dicha pendiente, salvo una modificación
estructural por parte del togado.
Aunque las apariencias no son alentadoras como para aguardar que este
Sócrates decida suspender las excursiones rumbo al frasco con cicuta. Poción
irresistible mientras dura en el paladar. En carpeta, los senadores mantienen
la iniciativa para la contrarreforma de la Constitución provincial,
remitiéndola a 1986, aquel año en que todavía los magistrados mantenían la
prerrogativa sobrenatural de ser nombrados ad eternum. Como siempre debió ser.
Por lo demás, este sondeo detectó una resistencia extra entre los
salteños a que el número de integrantes de la Corte de Justicia pase de 7 a 9.
Dos miembros más, a razón de $ 700.000 por cabeza, según estimaciones en off realizadas
en los alrededores de Ciudad Judicial. Tal vez, por este motivo el 70,3% de las
entrevistas se pronunció en dirección opuesta a la ampliación de la Corte, en
tanto apenas el 23% dio su apoyo a esta medida.
Lo útil es que esta contrastación sociológica no fuese realizada a partir
de una motivación cuestionadora hacia la actual gestión provincial. Todo lo
contrario, de acuerdo a lo señalado por Gebhard a Página/12, quien se fijó como
meta “obtener un buen dato para la misma gestión de Sáenz y sus asesores de
cómo encarar la política pública y cómo comunicarla”.
NdR, 22 de abril de 2020.
