F.P.
Las soluciones
fáciles a problemáticas complejas suelen ser la piedra más a mano que encuentra
a una parte de la sociedad, al enfrentar situaciones desesperantes. El ideario
New age para restablecer el equilibrio físico o psíquico, la baja de sueldos a
dirigentes políticos para mitigar lo que se viene, el MMS o dióxido de cloro
contra el COVID-19 y el método Vidal como cura del cáncer.
Las coordenadas
del pensamiento mágico suelen pasar por la ancha arandela de las problemáticas
de mayor complejidad. Una de ellas fue una propuesta, con aroma a antipolítica,
que circuló este fin de semana planteando recortes al salario de los dirigentes
políticos como variable para mitigar el lucro cesante generado por la pandemia
entre cuentapropistas.
Es claro que
los monotributistas –al igual que los subocupados y desocupados- requerirán de la
asistencia estatal. Pero nada indica que la solución esté dada en privar a
funcionarios, hoy tan necesarios para la toma de decisiones y la articulación
de lineamientos públicos, de la totalidad o parte de sus haberes.
Una fantasía
popular y animada, muy similar, es la que se extendió en las últimas semanas a
nivel internacional con la difusión del MMS o dióxido de cloro como el “mineral
milagroso” para eliminar al coronavirus. Este “hallazgo” fue obra de un tal
Jordan Sather, un treintón nacido en el estado de Washington, quien no es
infectólogo, sino Youtuber, influencer. JS se define como un bibliófugo de claustros
superiores, estudioso de vacunas, historia antigua y OVNIs. Cuenta con millones
de seguidores, para quienes confían ciegamente en estos termómetros baladíes de rating.
Este mismo “descubrimiento”
es el que el bueno de Jordan había publicitado casi un año antes como
blanqueador de dientes e inhibidor de células cancerígenas, hasta que el
Departamento Federal de Alimentación estadounidense lo desmintió y advirtió
sobre los peligros del MMS para la salud. La sobriedad del FDA (por sus siglas
en inglés) en su comunicado, sin embargo no hizo mella en que Sather siguiera
publicitando el producto. Para algarabía de los laboratorios que lo producen,
seguramente.
En la misma
línea, cabe inscribir a las acusaciones que recayeron en días pasados sobre el Ministerio
de Salud de la nación, por la supuesta monopolización de las pruebas sobre
COVID-19 en el hospital Malbrán. Detrás de esta presión, primero mediática y
luego social –dada la preocupación por la pandemia- en algún momento apareció
un laboratorio cordobés, enarbolando una imputación similar a la cartera
nacional. Un grupo de filántropos mediterráneos, sin duda alguna.
Al pasar en
limpio
El reclamo de
los empresarios bioquímicos afincados en pleno centro de la capital cordobesa,
expandió este pataleo que rápidamente prendió en diferentes puntos del país, a
partir de la histórica contraposición federalismo versus unitarismo porteño.
Sin embargo, Salud alertó que tal arremetida no tenía asidero alguno, ya que
los reactivos –provistos por la compañía farmacéutica Roche- usados por este
laboratorio no garantizan científicamente la detección ni la refutación de dichos
tests.
De esta manera,
la firma cordobesa se quedó sin sus $ 6.000 por cada paciente examinado en
relación a este mal. En un comunicado, un tanto camuflado en el texto que
remarcó el objetivo de “centralizar el diagnóstico” en el Malbrán, el
laboratorio reconoció que había recibido una advertencia de ANMAT tendiente a
cesar estas pruebas con este producto no autorizado.
Se sabe que el
paradigma científico suele regirse por comprobaciones que suelen encuadrar de
manera binaria en “sí” o en “no”, mientras que en el caso mencionado el planteo
fue por el “ni”. Lo que algunos, lisa y llanamente, denominaría prácticas
pseudiocientíficas.
Estos minués en
el centro cordobés traen a nuestra memoria otro affaire que fue súper famoso.
El del doctor Juan Carlos Vidal y el uso de crotoxina como elemento para tratar
el cáncer. El galeno, hasta el día de hoy es conceptualizado popularmente como oncólogo, amante de
su nación, descubridor de la crotoxina, especie de santo de los afectados por
cáncer y segregado de la comunidad científica por celos o intereses oscuros.
Todas, éstas, afirmaciones absolutamente falsas.
En realidad,
Vidal era un especialista en lípidos, en 1986 trabajaba en un proyecto sobre
neurotoxinas en la Universidad de Chicago (financiado por el Ejército
estadounidense), la crotoxina había sido descubierta en 1948 por K. Slotta y H.
Fraenkel-Conrat, y jamás logró demostrar científicamente su eficacia para
tratamientos de cáncer. Al pasar el “método” anticancerígeno a las primeras
planas de los diarios, en el año 1986, y su “creador” reclamar la aprobación para sacarlo a la venta al público el gobierno nacional nombró una comisión de especialistas para evaluarlo.
Esta última determinó que los documentos y pasos procedimientales presentados por Vidal y su socio, Carlos Molina, “estaban falsificados y que no
había ninguna razón que justifique tratar a pacientes con crotoxina”. El
ministro de Salud de aquel entonces, Conrado Storani, decidió prohibir su
aplicación, lo que despertó la furia de ambos médicos, quienes alegaron un
supuesto lobby de compañías farmacéuticas estadounidenses para mancarles este
tranco.
Fue así que la no autorización, sumada a la esperanza de los familiares de enfermos
en esa "cura milagrosa", dieron origen al mercado negro de crotoxina,
llegando a pagar, en algunos casos, abultadas sumas de dinero por unos pocas porciones de la sustancia. Mientras, otros que fueron ganados por la
desesperación –y acudieron al encuentro de la falta de escrúpulos- activaron el comercio
ilegal extremo que derivó en la venta de frascos adulterados con agua destilada y
colorante.
El famoso oncólogo Enrique Schvartzman, por aquellos años concluyó que “hay
más gente que vive del cáncer que pacientes que mueran de él”. En tanto, su
colega Patricio J. Garrahan resumió en 1995 en la revista científica
EXACTAmente (UBA), que “el affaire de la crotoxina constituye una buena
ilustración de los efectos que el pensamiento mágico puede tener sobre
sociedades como la nuestra, en la que la ciencia y sus instituciones no son
parte de la cosa pública”. Y así termina este cuento.
NdR, 22 de marzo de 2020.
