Por lo menos,
la compañía EDESA parece dispuesta a evitar el dispendio en promotoras en su
campaña anti consumo de electricidad, lanzada al final de esta semana. Es que,
junto a las pibas con el poncho a la cintura también se agenció en esta
patriada al titular del Ente Regulador, Carlos Humberto Saravia, y el ombudsman, Federico Núñez Burgos.
Con dicho
plantel, la firma cuya casa central está ubicada en pasaje Zorrilla 29 puso en
marcha una campaña de altísima efectividad y descollante originalidad (que los
especialistas en neurología aconsejaron no intentar en el hogar). Esta consta
del reparto de etiquetas imantadas y folletería con mensajes disuasivos –además
de las facturas con el tarifazo eléctrico 2020 que ya comenzaron a llegar-, genialidades
del marketing que se agregarán a otro
hallazgo inédito en la historia de la comunicación publicitaria: los mensajes
en los colectivos del transporte urbano.
En su condición
de titular del ENRESP, Saravia igualmente abogó por “normas para la fabricación
de estos electrodomésticos para evitar que las personas, por desinformación
terminen comprando aparatos que en definitiva no satisfacen al menos las
políticas que queremos instrumentar". Es decir, salteños que cada vez
utilicen menos energía eléctrica. Camino inverso al de los países que en el
hemisferio norte premian a los usuarios que superan la media mensual de demanda
domiciliaria.
La irrupción de
Cornejo
La innegable
sintonía entre el Ente y la mencionada empresa privada, en cambio, puso a otra
dependencia provincial a trabajar en relación a otro servicio esencial. Así,
este fin de semana el Ministerio Público Fiscal acordó con la compañía estatal
Aguas del Norte diversos mecanismos para el monitoreo en la calidad de
prestación de cloacas y agua potable.
De tal manera,
el titular del MPF Abel Cornejo y su contraparte en AdN, Luis García Salado,
convinieron en el trabajo conjunto que permitirá garantizar el cumplimiento de la
normativa vigente y la calidad del agua que se provee en toda la provincia.
Como se recordará, la Procuración ya incursionó a fines de 2019 en el estudio
de los reservorios subterráneos, como también en la regulación de las aguas
envasadas.
En diciembre
pasado, Cornejo ya había solicitado informes a diferentes entes sobre la situación de
las aguas subterráneas en el territorio, pero ante la falta de respuestas, dio
intervención al CIF y a la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad
Nacional de Salta. La irrupción del Ministerio Público Fiscal surgió ante
indicios que el agua dispuesta para consumo humano, procedentes de pozos,
pudiesen contener vectores de transmisión de males gastrointestinales.
Por ello, Cornejo logró determinar que el
Ministerio de Salud provincial no cuenta con registros de aguas subterráneas,
si bien el seguimiento se hace a partir de cada centro de salud y únicamente frente
a casos puntuales en los que se verifican patologías que tienen como vector al
agua, se activa alguna coordinación con la empresa Aguas del Norte.
A principios de diciembre pasado, el
Procurador recordó que “los entes tienen el deber de realizar la clasificación
y mapeo de las aguas subterráneas en relación a su vulnerabilidad, ya que
es una obligación que pesa sobre sus autoridades desde la entrada en vigencia
del Decreto N° 3097 del año 2000”. Por tal razón, Cornejo decidió ampliar el
pedido y se dirigió al Ente Regulador de los Servicios Públicos, pidiendo que
especificaciones de la explotación subterránea de acuíferos para
extracción de agua para consumo humano que realiza la prestadora provincial; la
vigilancia sistemática realizada sobre su cantidad y calidad y especialmente
sobre contaminación con vectores de enfermedades gastroentéricas y las
políticas de protección implementadas.
NdR, 8 de marzo de 2020.
