Por: Federico
Pérez (*).
Lo poco en
recaudación que deja esta explotación y el perjuicio en cuanto a la
contaminación de recursos hídricos y suelo –rubro conocido como “pasivo
ambiental”- son variables a tener en cuenta, por parte del Secretario de
Estado, Ricardo Alonso. Otro tanto le cabe pensar a su par nacional, Ricardo
Hensel, con quien el geólogo salteño tal vez debería consensuar lineamientos unificados.
En 2018, el
sector facturó por envíos al exterior unos u$s 3.855 millones, de los cuáles
poco más de un 12,6 % -u$s 486,266- se
destinaron al pago de tributos en arcas provinciales y federales. La entrega de
diplomas que la Secretaría de Minería realizó este fin de año a los actores y
representantes del sector local, tal vez sirva para ir ablandando la charla en
cuanto a dichos asuntos recaudatorios, los que en nada afectan la rentabilidad
de las mineras.
Cómo hacerlo
Un reciente
trabajo del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica –CELAG- afirmó
que la percepción de al menos un 20 % en tributos a nivel nacional y
provincial, sería el nivel óptimo que se podría captar desde AFIP y DGR,
respectivamente. En tal sentido, el trabajo recomendó adoptar normas como las
de “Government Take” por medio de las cuáles se regula “el ingreso total que
recibe el Estado anfitrión del total de la producción de los recursos naturales
que las empresas explotan”.
Lo ideal, según
el estudio realizado por Nicolás Oliva, Lucía Converti, Guillermo Oglietti y
Alfredo Serrano, sería gravar los ingresos brutos del sector minero. “Establecer
la participación del Estado en la renta minera en base a una porción de las
exportaciones evita llegar a problemas de determinación de las bases
imponibles, reduce la complejidad del sistema y garantiza un pacto claro,
simple y duradero entre la empresa y la sociedad”, indicaron los autores de
este trabajo académico.
Un caso testigo
En general,
indicó CELAG, “la explotación de recursos naturales a nivel mundial es de las
actividades más rentables del planeta, después del sector financiero y
tecnológico”. Sin embargo, en Perú, la primera potencia continental en esta
materia y una de las cinco a nivel mundial, esta actividad dejó un dólar de
cada 10 exportados en el período 2005/2018.
En cambio, “si
el Perú desde el año 2005 hubiese impuesto una participación estatal del 20% de
las exportaciones, hasta el año 2018 la nación habría conseguido más de 29 mil
millones de dólares adicionales a los que recibió. Este valor representa el 18%
del PIB del año 2018”, resumió en uno de sus apartados este trabajo de investigación.
En contraste con la prédica sobre “seguridad jurídica” y el supuesto que “la
aplicación de impuestos hace huir a los inversores”, en el año 2007 estuvo
cerca de percibir el 20 % del total exportado y esta nación sudamericana no
dejó de recibir inversores. Hasta el día de hoy.
(*) Publicado
en Cuarto Poder, 3 de enero de 2020.
