A este flagelo, Cornejo le contrapuso el
exhorto a la sociedad para plantear una reacción ética y una mayor convicción
por parte del Estado en su división tripartita, con la misión de prevenir, sancionar y erradicar el abuso
sexual infantil. En esta línea, concluyó que “la dignidad de la sociedad se basa en la
protección de las niñas, niños y adolescentes, porque ellos son nuestra
continuidad” y advirtió que si no los protegemos “tendremos un futuro caótico, sin haber
solucionado las heridas lacerantes del abuso sexual infantil que humillan a la
sociedad”.
Al citar un
trabajo especializado, Cornejo reclamó empatía, ya que “si se comete un abuso y la sociedad no se siente integralmente abusada,
no habrá reacciones éticas de la contundencia necesaria para revertir los
hechos aberrantes”. Entonces, insistió en destacar la tarea del
procurador general de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Alejandro Gullé,
por lograr la condena en el caso de las atrocidades sexuales cometidas por
religiosos a alumnos sordomudos e hipoacúsicos del Instituto Antonio Próvolo de
Mendoza.
En relación a
este caso, la encuadró como “una
condena ejemplar para uno de los hechos más oprobiosos de la historia judicial
argentina”. En este contexto, el Jefe de los fiscales explicó la dificultad que
“uno solo de los poderes pueda llevar a cabo acciones eficientes, porque si los
tres no están convencidos de que se trata de un oprobio que nos humilla,
avergüenza, posterga y somete como sociedad, nada cambiará”, advirtió.
En el caso
particular de quiénes cumplen una función pública, reiteró que cuentan con “la obligación de revertirlo, para dignificar
a las personas abusadas porque a pesar de todos los esfuerzos de las víctimas,
las personas no vuelven a ser las mismas”. De acuerdo a esta
visión, dicho punto de vista “no puede
ser coyuntural y sí a través de políticas públicas sostenidas en el tiempo, con
voluntad inquebrantable de provocar un cambio estructural en los poderes
públicos”.
A su turno, la
presidenta de la Red PAPIS, Lucrecia
Miller consideró que a la gravedad de un abuso sexual infantil, se
suma que “el problema empieza con
la denuncia, porque además de una víctima, hay una familia estallada y que debe
ser reconstruida”, especialmente cuando el abusador se encuentra en
el entorno de la víctima.
La titular de
esta ONG insistió sobre la exigencia para la creación de la figura de Defensor del Niño en la Provincia y por otra
parte, en discutir el proyecto de ley mediante el cual se impulsa la
jerarquización de la víctima infantil con respecto de las otras. Por ello,
Miller celebró que a partir de la sanción de la Ley 27.455, el abuso
sexual en la Infancia se haya convertido en un delito de instancia pública. La
norma modifica el artículo 72 del Código Penal y obliga al Estado a actuar de
oficio ante los delitos de abuso sexual infantil.
NdeR, 5 de
diciembre de 2019.
