El millonario
dispendio que la empresa SAETA realiza todos los meses contrasta con la
angustia expuesta públicamente para fundamentar nuevos ataques al bolsillo de
los salteños. Pese a ser uno de las principales usinas inflacionarias, lo que
impacta en la reducción del poder de compra de los vecinos en el área
metropolitana, le pagó a una multinacional casi $ 85 millones por servicios
tercerizados.
Así lo estimó
un informe del periódico Cuarto Poder
Salta, al comparar los pataleos de SAETA en contra del congelamiento del
boleto urbano e interurbano con este dispendio de fondos que hace insostenible
tal argumento. Desde enero a septiembre, la compañía a cargo del transporte
público registró erogaciones por $84.916.746,98
a la empresa Atos, en concepto de “Servicio de recaudación y mantenimiento”. Es
la encargada de la provisión de tarjetas y lectores para el cobro de boletos.
Además, SAETA derrochó –también entre enero y septiembre- $ 9.630.000 en
el emperifollamiento externo de las unidades destinadas al servicio masivo,
como igualmente en cuanto a imagen institucional. Estas extravagancias
financieras en las que incurrió la entidad fueron solventadas parcialmente por
subas en el precio del boleto, como también en el incremento de partidas
provinciales ingresadas en concepto de subsidios.
Sendas sorpresas fueron las que encontró la comisión a cargo del
traspaso, de la gestión Urtubey a la venidera de Sáenz, de manera tal que
estará más que claro por donde recortar gastos superfluos o bien descargar un
nuevo incremento sobre el lomo de los salteños.
Al analizar el primer semestre y medio de 2019, el periódico precisó que “SAETA
tuvo una recaudación propia (sin contar subsidios) de $1.255.411.659,42,
una diferencia de alrededor de $280 millones más que el año pasado, pero que no
llega a compensar por sí misma la quita de contribuciones a nivel nacional, que
bajó del 30,9% del porcentaje total de ingresos al 4,25%. En cambio, los
subsidios provinciales pasaron de representar el 31,8% de los ingresos de SAETA
en 2018 al 53,4% en 2019, lo que implica un desembolso de la provincia de $1.587.281.915,51”.
Pese a esta evidencia tan contundente, el titular de la empresa, Claudio
Juri, fundamentó la apelación judicial contra la suba del boleto en que tal
decisión –adoptada por la jueza María Victoria Mosman- le generaría egresos por
8 millones de pesos. Por lo cual, muy suelto de cuerpo, el presidente de SAETA advirtió
que podría reducir las prestaciones de este servicio, es decir, las
frecuencias. O bien exigir más partidas de subsidio estatal, esta vez, montados
sobre la excusa de no perjudicar a los usuarios, pero que como caballo de Troya
acarrearía también la continuidad de los fondos para “Atos” y el ploteo de los
colectivos.
NdeR, 4 de diciembre de 2019.
