#Novengasconundiatrece
F.P.
El torrente de
irregularidades podrá desalentar a una gran porción de los dos palos y medio de
electores porteños, sin embargo ello no afectará los festejos por los números
salidos de las pantallas en la tarde del 13 de agosto. Candidatos que incumplen
las prerrogativas legales, sumado a un sistema de sufragio que gatilla más
dudas que cualquier acuerdo (firmado o por rubricar) con el FMI adornan el mapa
electoral metropolitano.
A todo lo
anterior se le adiciona el nivel de debate cercano a la indigencia intelectual,
casi equivalente al del escenario político gaucho, como a la votación pluri
metodológica: voto electrónico y voto en papel. Desde la superestructura
dirigencial, en cambio, arriban a esta cita con la pretensión que los números
de los sondeos se parezcan a los de los monitores. La sociología, la
consultoría, la voluntad cívica y el asesoramiento político podrán ir camino a
la papelera de reciclaje, pero que nada de esto interrumpa el revoloteo de las
serpentinas.
El citado mapa
de pauperización política progresa en paralelo a la cascada hacia la cual
enfila un 75 % de la paisanada, en el porrazo preanunciado por la degradación
de ingresos y los indicadores macroeconómicos por venir. Variable mencionada al
sólo efecto de ser evaluada al fulgor de lo que podría interesar esta engañifa sufragatoria,
vista desde la perspectiva de alguienes con padecimientos cotidianos más
palpables. Es decir, muy poco teniendo en cuenta el bolsillo deshilachado.
La venia
judicial a una postulación proveniente de un distrito vecino ya es, de por sí,
un timado inconcebible para la ciudadanía. Pero a su vez proporciona el envión
para el siguiente, con el electrovoto, cuyas objeciones de partidos políticos
sólo merecieron estruendosas risotadas como toda respuesta.
De nada
sirvieron las advertencias sobre el posible peligro que el sistema de Boleta Única
Electrónica constituye para la expresión cívica, la democracia y los partidos
políticos. Un combo de objeciones planteado ante la justicia por la fundación
Vía Libre, presidida por la socióloga Beatríz Busaniche.
El recurso de
amparo solicitado por esta ONG alertó que los comicios en la Ciudad de Buenos
Aires claramente no proveen “las garantías suficientes para el cabal
cumplimiento de los derechos en juego”. Dada la posibilidad cierta que las maquinitas de la empresa Magic Software
Argentina resulten blanco de algún “ataque físico” o bien “de una modificación
remota de la información del chip donde se imprime el voto”.
Un escenario
hipotético en el que cabría pensar lo que la división informática del Grupo
Wagner -más conocido por su accionar bélico- podría realizar en un sistema más
vulnerable que la defensa brasileña en el 1-7 contra la selección alemana, en
2014. Tal como quedó demostrado y acá se publicó [NdR: Ver artículo] en los
reciente comicios provinciales salteños.
Las carcajadas
en el macrismo porteño se explican porque el recurso de amparo fue a dar al
Tribunal Electoral de la Ciudad de Buenos Aires. Y podría escalar hasta el Tribunal
Superior de Justicia local, presidido por el juez Luis Lozano, un tifossi del
voto electrónico que hasta llegó a fundamentar a favor del sistema cuando el
macrismo lo introdujo en comisiones del Congreso nacional, en 2016.
Eso fue un año
después de los escandalosos comicios 2015, de los que el hoy nuevamente
aspirante a la Intendencia de Ciudad de Buenos Aires, Martin Lousteau, denunció
un mega hackeo a las máquinas de MSA (corroborados en un peritaje de la Policía
Metropolitana al determinar que los intrusos pudieron crear establecimientos,
presidentes de mesa, votantes y todo lo que se les antojase). El no corroborar
esa trampa en una presentación judicial le valió luego el nombramiento como
Embajador en EEUU.
Ocho años más
tarde, la “preocupación” por la BUE (cuya sigla misma connota desgano) aterrizó
hasta en las filas de Jorge Macri, aunque en estricto off the reccord luego de
ser trasplantado desde la intendencia de Vicente López. Al igual que Lisandro Teskiewicz,
apoderado del PJ distrital, los mileidistas porteños y los apoderados del
Frente de Izquierda y de los Trabajadores.
Desde el
oficialismo metropolitano quizás no ayudó a despejar estas incógnitas el que
dicha tarea le fuese encomendada a Federico Fahey Duarte, director del Instituto
de Gestión Electoral. Al titular del órgano le fue robada, antes de una de las
audiencias explicativas del voto electrónico, su computadora personal con todos
los datos acerca de la empresa MSA y la planificación del acto electoral. En
otro de los centenares de hechos que la justicia intenta determinar.
Uno de los
participantes de esas audiencias fue el programador Andrés Snitcofsky, quien
advirtió que “estamos ante una privatización de las elecciones”. Con ello, el
especialista se refiere a que cada sufragio se transmite hasta la sede de MSA
en Villa del Parque, antes de su retransmisión hasta el Tribunal Electoral
porteño.
Medio centenar
de preguntas quedaron sin responder en las audiencias, en teoría, convocadas
para despejar todos los interrogantes. Desde el código utilizado por MSA, su
disponibilidad, resguardos para la seguridad informática y componentes
desarrollados por terceras personas y/o empresas. En esta dirección, lo que pueda
salir de las máquinas el segundo domingo de agosto será una incógnita para
todos los partidos políticos. Excepto para el larretismo.
NdR, 22 de
julio de 2023.
