#Radiografiadelempleopublico
El Centro de
Estudios del Trabajo y el Desarrollo, dependiente de la Universidad de San
Martín, concluyó que el empleo estatal ofrece buenas condiciones de seguridad
previsional y tiene un elevado nivel de capacitación. Contra la presunción
extendida al respecto, 3 millones de asalariados se desenvuelven en el Estado -de
un total de 8 millones con empleo registrado- y más de la mitad cuenta con estudios
superiores.
En el trabajo
titulado “Otra mirada del empleo público en la Argentina. Un análisis sobre la
base de la EPH (INDEC) de alcance urbano”, los investigadores del CETyD Matías
Maito, Ignacio Garay y Lila Schachtel echaron abajo varios de los mitos sobre
el sector público.
En uno de los
apartados, la monografía indicó que “de las 8 millones de personas que tienen
un empleo asalariado registrado en Argentina, 3 millones se desempeñan en el
sector púbico. Esto representa un 18% de la población ocupada total en nuestro
país”.
A contramano de
otra idea muy difundida, la mayoría de las veces sin un soporte argumental, fue
la indicación que rebatió la asociación del “empleo público con el trabajo de
oficina”, aunque las trabajadoras/es cumplen funciones de lo más heterogéneas.
A tal punto que casi la mitad -un 47%- corresponden a tareas de “administración
pública y defensa”.
Por otro lado, “dos
tercios del total de trabajadoras/es del sector público se desempeñan en los
gobiernos provinciales (66%), que tienen a su cargo el sistema educativo, la
seguridad y la salud pública correspondiente a sus respectivas jurisdicciones”.
Mientras, “otro
21% desarrolla sus tareas en el Estado nacional, y el 13% restante, en los
municipios”. Nuestra provincia -Salta- es una de las jurisdicciones en las que
el empleo público se sitúa por debajo del promedio nacional (19,6 %) con el
19,3 %. La Administración pública salteña cuenta con un 57 % de empleadas/os
públicas/os, mientras que supera el 23 % en el ámbito educativo
Junto a nuestro
distrito, otros que se ubican por debajo del promedio nacional son: Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (18,9%), y las provincias de Mendoza (18,7 %), Tucumán
(18,5 %), Buenos Aires (18,1 %), Córdoba (14,2 %) y Santa Fe (13,6 %). En tanto,
por encima de ese valor se encuentran las provincias de La Rioja (44,1 %),
Catamarca (39,3 %), Santa Cruz (38,1 %), San Luis (33,6 %), Tierra del Fuego
(31,9 %), Jujuy (28,8 %), Río Negro (27,9 %), Neuquén (27,6 %), Santiago del
Estero (26,4 %), La Pampa (24,7 %), Chubut (24,50 %), Formosa (24,3 %), Chaco
(23,7%), Corrientes (23,2 %), Entre Ríos (23,1 %), Misiones (23 %) y San Juan
(21,5 %).
En cuanto a capacitación,
el empleo público en nuestro país destaca por un elevado nivel educativo. El
51% de sus trabajadoras/as cuenta con un título terciario o universitario (en
el sector privado este valor asciende al 18%).
La educación y
la salud son las ramas del empleo público cuyas/os trabajadoras/es cuentan con credenciales
educativas elevadas. En efecto, el 77 % de las/os trabajadoras/es del ámbito
educativo cuentan con nivel terciario o universitario completo, mientras que en
salud alcanza al 62 %. Por su parte, el 38 % de las/os empleadas/os de la
administración pública alcanza ese nivel, valor inferior a la de las otras
actividades del sector público pero que duplica a la media del ámbito privado.
el 48 % de
las/os trabajadoras/es públicas/os lleva adelante tareas profesionales o
técnicas, proporción que se reduce al 23 % entre quienes se desempeñan en el
sector privado.
en el empleo
público predomina un nivel educativo alto, con gran parte de las/os
trabajadoras/es con título terciario o universitario. Asimismo, el alto nivel
formativo les permite desarrollar tareas de mayor calificación y complejidad.
El alto nivel
educativo de las/os trabajadoras/es públicas/os y los requerimientos de
calificación exigidos por las tareas del sector se corresponden con niveles
salariales que, en promedio, son superiores a los del sector privado. En
efecto, el salario promedio percibido en el sector público en el año 2021 fue 3
% superior al del sector privado.
A su vez, el
salario horario fue en promedio un 27 % más alto. El diferencial salarial
también varía según las ramas de actividad. La actividad con mayor diferencial
salarial es la educación, en donde las/os trabajadoras/es del sector público
perciben ingresos por hora de un 37 % superior al promedio de las/os
trabajadoras/es del sector privado. Por su parte, los salarios de las/os
trabajadoras/es de la administración pública son superiores en un 22 % al
promedio de los del sector privado. El diferencial salarial positivo de las/os
trabajadoras/es del sector público determina que la incidencia de la pobreza
entre trabajadoras/es públicas/os es menor que en el resto de las categorías
ocupacionales.
De todas
formas, la indagación posibilitó “identificar ciertos déficits en las
modalidades de contratación en el sector público, al observar segmentos de
trabajadoras/es que se encuentran contratados bajo modalidades inestables. En
efecto, el 11 % de quienes trabajan en el ámbito público están empleados a
través de contratos por tiempo determinado, proporción que desciende al 4 % en
el sector privado. A su vez, el 38 % de las/os trabajadoras/es del sector
público con contratos por tiempo determinado acumula tres o más renovaciones
contractuales, lo cual hace presumir que sus tareas no son «transitorias o
estacionales» como define la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional
(25.164) que deben ser las del personal no comprendido en el régimen de
estabilidad. Este colectivo es incluso más numeroso en el subsector de la
administración pública, en comparación a lo observable en los ámbitos de la
enseñanza y la salud.
Otro de los
diferenciales del sector público es su elevada tasa de feminización: mientras
que allí el 55 % de los puestos de trabajo son ocupados por mujeres, tal
proporción se reduce al 40 % en el sector privado. Esta diferencia también se
observa según actividades: la mayor tasa de feminización se da en las ramas
educación (77 %) y salud (71 %). Por su parte, en la administración pública los
valores se acercan al promedio del sector privado.
Por otro lado,
las mujeres del sector público perciben salarios superiores en un 22,6 % a las
del sector privado. En el caso de los varones, la relación es inversa, es
decir, quienes trabajan en el sector privado perciben ingresos un 1,3 %
superiores a los del ámbito público.
El 59 % de las
mujeres insertas en el sector público realiza tareas de calificación técnica o
profesional (43 % y 16 %, respectivamente), mientras que, en el sector privado,
el 26 % de las mujeres ocupa puestos con ese nivel de calificación. Por lo
tanto, ese diferencial salarial positivo que perciben las mujeres en el sector
público se explica por la mayor proporción que desempeña tareas de calificación
media o alta. Por oposición, en el sector privado se insertan con mayor
frecuencia en puestos operativos o sin calificación.
Entre las proyecciones
trazadas por los autores del informe (basado en datos de la Encuesta Permanente
de Hogares), confían que “puede resultar de utilidad en el desafío de continuar
avanzando en el mejoramiento de las condiciones laborales, las oportunidades de
desarrollo profesional y la calidad de las prestaciones que el Estado nacional
y los Estados subnacionales brindan al conjunto de la sociedad”.
NdR, 2 de mayo
de 2023.
