#Impuestosmunicipales
#Conflictocapitalino
El Ente Regulador
de los Servicios Públicos de Salta concluyó que está encaminada a solucionarse
el mecanismo de cobro de cargas municipales capitalinas, a través de las
facturas de EDESA. Amén de esta solución provisoria, desde el organismo
anticiparon que “la auditoría proseguirá”, en cuanto a los montos ya cobrados y
que generaron el escándalo entre los vecinos de nuestra ciudad.
El ENRESP
emitió este lunes la Resolución 829/22, en la que evaluó la declinación de la
Municipalidad de Salta en cuanto al cobro del Impuesto Inmobiliario y la Tasa
General de Inmuebles con el que acometió a 7760 titulares de matrículas
catastrales con dos o tres suministros de energía eléctrica y a quienes se les
asoció y vinculó esta condición con obligaciones fiscales.
En el
convenio entre la Intendencia de Salta y EDESA también se decidió la exclusión
de 25.205 contribuyentes de la Tasa de Prevención y Protección de Bienes y
Personas por no estar contemplada su situación en el Código Tributario
Municipal. Por lo que los propietarios de viviendas en edificios y
urbanizaciones deberán pagar cuando esté acreditada la existencia de unidades
independientes.
El cambio de
criterio municipal también supuso la prohibición de consignar las palabras
“catastro” y “parcela” que están reservadas para uso exclusivo de la Dirección
General de Inmuebles según ley 2308, y la división de la base imponible cuando
se trata de valuación fiscal de los catastros para evitar doble o triple
imposición.
De modo tal
que el órgano de control, de manera provisoria, ratificó que corre el plazo de
60 días para que se confirmen los actos administrativos dictados por la Agencia
Recaudadora y ordenó que toda determinación provisoria de tributos, o la
reserva de cobro de supuestas deudas pendientes deben ser informadas en las
boletas de EDESA para garantizar el derecho de los usuarios.
Por ello,
manifestó su conformidad el titular del Ente, Carlos Saravia. Ya que este
acuerdo entre EDESA y el Ejecutivo capitalino “garantiza a futuro legalidad
para la cobranza de tributos”. Aunque el funcionario aclaró que “sin perjuicio
de que la auditoría proseguirá, y que varias decisiones tienen que ser
ratificadas por el Concejo Deliberante, está claro que nos encaminamos a una
solución.
NdR, 21 de
junio de 2022.
