Tal como se
había dicho, las nuevas revelaciones sobre la investigación por el Caso Huergo
volvieron a impactar fuerte, en los alrededores del Centro Cívico Municipal. En
esta ocasión, los millonarios pagos que hizo la intendencia de Salta a la
empresa SEC S.A., la cual cuenta con una plantilla de un solo empleado y fueron
expuestas en medios nacionales.
Una nota con
detalles de esta investigación se veía venir (ver artículo “Todos a bailar”: https://www.notaderedaccion.com.ar/noticias/id-272_Todos-a-bailar)
y así fue, nomás. Este miércoles, el portal El Destape indicó que la
administración a cargo de Gustavo Sáenz autorizó estas millonarias partidas, a
favor de “una empresa fantasma, existente en los papeles, pero insolvente en la
práctica”.
Como fuente del
artículo, el medio metropolitano consignó la denuncia realizada a principios de
año por la AFIP ante la Justicia Federal salteña. Allí se fundamentaron las
dudas en relación a quienes figuran como aparentes “accionistas” de SEC, los
ignotos Gerardo Rubén Romero y Camila Muñoz, pero luego encargados de delegar
todos los trámites bancarios en Aníbal y Alvaro Anaquin, dos funcionarios de
peso y con notables contactos en el ámbito de la administración pública.
En contraste,
Romero es un jubilado con haberes mensuales que no superan los $ 7.500,
mientras que Camila Muñoz apenas tiene 24 años y todavía vive en su casa
paterna. Ello no fue obstáculo para que la comuna capitalina les otorgase
licitaciones para realizar obras públicas trascendentes, lo cual potenció las
sospechas de “direccionamiento de la obra pública por parte de funcionarios
provinciales –y municipales- hacia las empresas relacionadas” con la causa
contra el empresario Matías Huergo.
En su
publicación de este miércoles, El Destape consignó que en vista de “estas
irregularidades, se procedió a la investigación de la capacidad operativa de
SEC S.A. que dejaron al descubierto más inconsistencias. La auditoría descubrió que la compañía, de abril a mayo de 2017,
los meses en que realizó los trabajos, sólo tenía un empleado declarado. Era Augusto Aparicio Pereyra, con un sueldo
de $10.670, que, según la AFIP, ´habría tenido la titánica labor´ de
instalar 600 farolas y 690 luminarias. Después de ese período, la empresa
declaró cuatro trabajadores”.
Por otra parte,
especificó que AFIP remarcó su hipótesis respecto al armado engañoso para
fraguar crédito fiscal y, a partir de ahí, “realizar negocios espurios en los que se vería afectado el erario público
municipal y las que se utilizan para la comisión de distintos delitos”. Hasta
el momento, algunos medios calcularon que la defraudación habría totalizado
cerca de $ 440 millones, aunque otros cálculos situaron la cifra global en más
del doble.
NdeR, 4 de
septiembre de 2019.
