#Espionaje
#Denuncia #Izquierda
Los achaques
sobre actividades de inteligencia o al estilo de los servicios fue la denuncia
más impactante de esta semana que expiró y fue dada en el ámbito político.
Desde la dirigencia más reconocida por el electorado que tiene el Partido
Obrero hacia el grupo comando identificado con el veterano dirigente Jorge
Altamira.
Fue el ex
diputado nacional Pablo López quien detalló respecto al “grupo de Altamira en Salta, comandado por
Gabriela Jorge y Violeta Gil, (al que la Justicia) nos acaba de notificar de un
expediente que recurre a métodos de espionaje sistemáticos propios de la
policía”. En este compendio de insumos al estilo servilleta, el dirigente
detalló la existencia de “audios grabados en forma clandestina, interrogatorios
de tipo policial, fotos de actividades tomadas irregularmente”.
Curiosamente, contó López en el periódico Prensa Obrera de este fin de
semana, dicho material clandestino fue la excusa del altamirismo “para
expulsarnos del Partido”, dijo en referencia también a Cristina Foffani y a
Claudio Del Plá. Esto con el fin de convalidad la usurpación de “nuestra
personería a contramano de las decisiones de la mayoría de la organización en
sus congresos, del voto del electorado salteño en las PASO 2019 e incluso de
decisiones judiciales, que los han desautorizado por no garantizar el mínimo
derecho a la defensa”.
López indicó
que a fines de junio de 2019, este sector liderado por Violeta Gil y Gabriela
Jorge intentaron un remedo de congreso partidario, aunque éste eludía la
invitación a tres de los integrantes del órgano partidario –Gabriela Cerrano,
Claudio Del Plá y José Olmedo- a fin de tomar el timón y hacerlo como fuere. En
dicha ocasión, recordó que dictaron la remoción del Comité “sin dar argumento
alguno, según puede verse en las actas presentadas a la justicia electoral”.
Este asalto
institucional intentó separar a Cristina Foffani y al propio López. Para ese 29
de junio, eran la Presidenta del Comité provincial del PO y el Tesorero,
respectivamente. En este contexto, López cuestionó con este fundamento que
ahora intenten victimizarse, quienes de aquel entonces hasta acá actuaron como
lo opuesto que hoy repudian.
Tras este putsch
fueron designados 5 integrantes del Tribunal de Disciplina, pero no cualquiera,
sino que “todos militantes del grupo rupturista”. Frente a lo cual, López y
Foffani plantearon de manera formal la anulación de sendas órdenes de remoción,
por la simple razón que no se habían expuesto “motivos, ni derecho a defensa”.
Dos años más
tarde, “la Cámara Nacional Electoral resolvió la nulidad de la remoción llevada
adelante por el grupo usurpador, por la simple razón de que no hubo derecho a
defensa. Esto supone que quienes fuimos removidos debemos ser reintegrados al
comité. Es claro para nosotros que este fallo implica también que todo lo
actuado por el comité a partir de la remoción, es nulo”, concluyó Pablo López.
No conformes
con esta resolución judicial, Foffani y López recibieron cartas documento,
rubricados por un/a integrante del Tribunal de Disciplina integrado de forma
viciada, informándoles sobre un expediente en que “constan denuncias y
supuestas pruebas, y establecen un plazo para responder”.
Al incursionar
en la documentación de esta causa, la estupefacción de López y Foffani fue aún
mayor. Pues, especificó, que “nos encontramos con un material propio de la D2,
el aparato de inteligencia de la policía salteña, creado en su ley orgánica al
final de la última dictadura”.
El sorprendente
archivo está conformado por “la transcripción del audio, grabado
clandestinamente” de una reunión partidaria, “también contiene fotos y videos,
tomados con métodos propios del espionaje y la inteligencia policial sobre
actividades públicas que llevamos adelante, y una serie de
testimonios evidentemente fraguados”.
A ello aludió
el ex legislador nacional cuando señaló “métodos policíacos”, por parte del “grupo
usurpador” en un intento de servirse de la personería jurídica de esta fuerza
partidaria. Un logro que remite al agitadísimo año 2001, “bajo una represión
muy dura del gobierno de Romero contra el movimiento piquetero del norte
provincial, y particularmente contra el Partido Obrero, con tres militantes que
estuvieron presos durante dos meses y medio por apoyar la lucha de los
trabajadores en el norte de la provincia”.
El breve lapso
del grupo altamirista en el PO, mientras se resolvía la disputa judicial, es
digno de un episodio de la serie Los Tres Chiflados. Contó López que en un
primer momento, luego del copamiento ilegal del partido, se presentaban como PO
Tendencia. Sin embargo, como ello “ponía en riesgo la usurpación legal del
partido, empezaron a enviar sus comunicados simplemente como PO”. Pero en otros
momentos, “decían que eran el PO de Salta que adhiere a la Tendencia nacional
del PO”.
A los fines de
terminar con este capítulo involuntariamente cómico, fue que “desde el Partido
Obrero hemos solicitado a través de nuestro apoderado nacional, en una
presentación ante el Juzgado Electoral Nacional, que se intime a este grupo a
cambiar de nombre ya que expresamente rechazaron integrar el partido nacional”.
Junto a la “demostración contundente de que son otra organización, con su
propia dirección y su propio periódico”. Pero sobre todo porque “en el resto de
las provincias están tramitando su propia personería bajo el nombre de Política
Obrera”.
López advirtió
que adoptarán “todas las medidas necesarias para defender a nuestro partido,
sus métodos de organización y de lucha, su nombre, su legalidad, su programa y
el derecho a que nuestras posiciones también estén presentes en la lucha
electoral”. Y remarcó que la distancia es, ya, insalvable con Jorge Altamira y
sus seguidores, en vistas que “ha dado un giro de 180 grados en sus posiciones”.
NdR, 28 de
marzo de 2021.
