#Reclamo
#Vacunación #AmnistíaInternacional
La organización Amnistía Internacional lanzó esta semana una campaña
global por el acceso universal a las vacunas COVID-19. La entidad humanitaria advirtió
que debido al accionar de los países más ricos y de las farmacéuticas, millones
de personas de países menos desarrollados probablemente no reciban dosis para
vacunarse.
Por “Un pinchazo justo: acceso universal a las vacunas
contra el COVID-19”, la consigna de Amnesty está centrada en que las
empresas farmacéuticas compartan sus conocimientos y tecnología “para elevar al
máximo el número de dosis de vacunas disponibles en todo el planeta en el menor
tiempo posible”. En tanto, condenó el “nacionalismo de las vacunas”, frente al
cual lo que se requiere es un trabajo conjunto que amplíe la cantidad de
personas inmunizadas.
El acceso a los
antídotos, el momento y el precio son las variables esenciales a tener en
cuenta en la actual situación internacional. Por lo cual, resumió Amnesty que “vemos
con preocupación que las desigualdades
globales en el acceso a las vacunas se están intensificando sin control”. A
tal punto que “un reducido número de países ricos encabezan la carrera,
mientras el resto del mundo quedó marginado”, advirtió Mariela Belski
directora ejecutiva de Amnistía
Internacional Argentina.
“Los países
ricos ya compraron más de la mitad del suministro de vacunas del mundo, aunque
representan sólo el 16% de la población mundial”, contrastó la portavoz de la
entidad. “Los mismos países administraron hasta ahora más del 60% de las dosis
del mundo, mientras que en más de 100 países no se vacunó todavía ni a una sola
persona”, comparó la representante de Amnistía.
En esta
convocatoria global la organización resaltó: ¿”Qué pedimos? Compartir conocimientos y tecnología para que todos accedan
a la vacuna contra COVID-19”. En este escenario, la entidad ponderó que la meta
es “llegar a más personas en el menor tiempo posible”, mediante dos vías
posibles.
Una de ellas, es la normativa difundida en mayo de 2020 desde la
Organización Mundial de la Salud, denominada de Acceso Mancomunado a Tecnología
contra la COVID-19 (C-TAP). Esta disposición posibilita compartir datos y conocimientos, y
después acordar licencias de producción y transferencias de tecnología a otros
potenciales productores, con objeto de asegurar el acceso más rápido de la
población a vacunas en cualquier lugar. Pero, hasta ahora, ni una sola empresa
farmacéutica se adhirió al C-TAP.
Amnesty señaló
que “empresas como AstraZeneca, Moderna
y Pfizer BioNTech, entre otras, se niegan a compartir sus
investigaciones, conocimientos y tecnologías. Esto significa que otras
farmacéuticas no pueden hacer uso de estos avances científicos para aumentar su
propia producción de vacunas, lo cual incrementaría a su vez el suministro y
las haría más accesibles”, concluyó.
Otra, es el
cumplimiento que los gobiernos tienen pendiente en cuanto a los Derechos
Humanos. De manera tal que la situación amerita la exención de ciertas disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC (acuerdo
internacional que regula los derechos de propiedad intelectual relacionados con
el comercio) que suelen restringir dónde, cuándo y cómo se fabrican medicamentos.
“Esta exención liberaría las protecciones de
patentes y propiedad Intelectual que actualmente crean obstáculos para que
otros fabricantes produzcan más vacunas contra la COVID-19”, resumió Amnistía. “Sin
embargo, aunque cuenta con el apoyo de la inmensa mayoría de países de ingresos
bajos y medios, los Estados ricos continúan oponiéndose”, señaló luego.
“Hay una realidad y es que los Estados no están haciéndole saber a las
empresas que su negativa a compartir la información mencionada genera profundas
desigualdades entre países y comunidades”, lamentó Amnistía. “En ese contexto, se priorizan los
acuerdos comerciales bilaterales
por sobre garantizar que todas las personas en todos los países reciban el
mismo trato para acceder a las vacunas. Conforme el derecho
internacional de los derechos humanos, los Estados deben procurar que las
Empresas farmacéuticas no violen derechos humanos”, insistió.
En base a esto,
surgió el pedido consistente en que: Las
empresas compartan sus conocimientos y tecnología, de modo que se puedan
producir vacunas de manera oportuna e igualitaria en todo el mundo. Por otro
lado, que los Estados exijan a las
empresas que “cumplan con sus obligaciones y trabajen
colectivamente para garantizar que las personas más expuestas en todo el
planeta reciban la vacuna lo antes posible”.
NdR, 24 de
marzo de 2021.
