Por: M.R. (*).
El fantasma del
fraude electoral volvió a sobrevolar el mapa político, en medio del revuelo por
las presidenciales 2019 y los embrollos por los nombres finales que llevarán
las listas como candidatos. El ingeniero Ariel Garbarz, docente de la UBA y la
UTN, advirtió este jueves que existe un serio riesgo con la metodología electrónica
introducida por el macrismo en los comicios de este año en tal sentido.
El también
perito de la justicia federal señaló que “la transmisión por software de actas
de escrutinio y/ó telegramas es anticonstitucional porque el voto deja de ser
universal y no porque deja de ser secreto”. Al respecto, adelantó que “en un
sistema que se basa en un software previamente programado por una elite, la
capacidad de fiscalización se pierde”.
Garbarz ejemplificó
que la intermediación electrónica para el traslado de los resultados, aún en un
sistema con voto impreso, tenderá a reducir la cantidad de especialistas que
hagan el monitoreo de los resultados. “En la capacidad de control ciudadano sin
conocimientos de informática está la garantía de la legalidad del proceso
electoral. Transmisión electrónica controlada por un software secreto, de actas
de escrutinio y/ó telegramas, es un tipo de voto electrónico”, indicó en su
cuenta de Twitter.
En general, el
docente e investigador recordó que “todos los votos electrónicos pierden la
universalidad, condición establecida en todas las constituciones de países
republicanos para el voto”. Al respecto, trajo a colación la decisión del
máximo tribunal alemán, el cual explicó en su fallo contra el “tecnofraude” que
“en la utilización de aparatos electorales electrónicos, el ciudadano debe
poder controlar los pasos esenciales del acto electoral y la determinación del
resultado de manera fiable y sin conocimientos técnicos especiales”.
En su meta de
darle un fin divulgativo a esta decisión de la corte teutona, Garbarz mencionó
que “cuando se vota con papel, determinar si alguien hace fraude es tan
sencillo como prestar atención a un papel, saber leer y escribir”. En dicho
contexto, profundizó que “si alguien está intentando cambiar un resultado,
robar o alterar una elección, un presidente de mesa, un fiscal u otro votante
puede darse cuenta y denunciarlo”.
En contraste,
aclaró que “cuando hay una intermediación electrónica y/ò informática entre la
decisión del votante emitida en un papel y el necesario centro de cómputos, se
pierde la fiscalización ciudadana y la universalidad del voto”.
NdeR, 20 de
junio de 2019.
