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La negociación
en pasillos por la voluntad de 6 senadores, repartidos en varios bloques
políticos, es la llave que abrirá el panorama para la votación del próximo 29
de diciembre en Cámara alta. Para ese día ya fueron citados los integrantes del
cuerpo en torno al debate por el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo,
el cual ya tuvo media sanción en Diputados.
La luz verde se
encendió este jueves con la firma del senador Edgardo Kueider, uno de los que
mantenía en reserva su postura, lo que posibilitó que la iniciativa saliera de
la Comisión de Asuntos Penales y Justicia y ello fuera con el dictamen. De los
representantes por Salta, sólo Nora Giménez confirmó su voto a favor, mientras
se mantiene la incertidumbre sobre cómo votarán Sergio Leavy (Frente de Todos)
y Juan Carlos Romero (Peronismo Federal).
En el plenario realizado este jueves, la presidenta de la Banca de la Mujer, Norma Durango, destacó “el debate serio, responsable y respetuoso”
que se dio en el Senado pese “a las diferencias” entre
celestes y verdes. En este contexto en que interactuaron diversas comisiones –Banca
de la Mujer, Salud y Justicia y Asuntos Penales- se registraron diferentes argumentos
expuestos por disertantes de la sociedad civil, quienes luego aceptaron consultas
puntuales e intercambio de opiniones.
Uno de los que
disertó este jueves fue el ex ministro de Justicia Rodolfo Barra, quien consideró que la norma se contrapone con
los tratados a los que Argentina adhirió como la Convención de los Derechos del Niño y explicó que antes de
debatir la cuestión jurídica del aborto habría que "estar seguros de si es
niño o niña" el embrión en gestación.
Con ello, Barra
marcó un contraste en relación a los dichos del ministro de Salud Ginés
González García en cuanto a que la consideración de un niño al embrión en el primer trimestre “estaríamos
en presencia de un genocidio” y opinó que “técnicamente no es un genocidio pero si una terrible acción de mortandad
serial”.
Dorothy Estrada
Tanck, profesora de Derecho Internacional Público, estimó que este
proyecto “favorece los derechos de libertad y autonomía reproductiva” de la
mujer y aseguró que “el acceso seguro y de forma legal es conforme a la propia
convención de los derechos de los niños y niñas”. Además, que “el no acceso es
violatorio al derecho de igualdad y no discriminación”.
Pila Vazquez
Calva, abogada penalista de México, sostuvo que “si se busca preservar la salud
mental de la mujer el aborto no es
el camino correcto”, señaló que la clave para por mejorar la atención
médica y advirtió que “el aborto no es solución a la pobreza” sino que “es el
fracaso del Estado”.
El médico
obstetra, Mario Sebastiani, fundamentó que la decisión de los senadores pasa
por definir “si la mujer va a la clandestinidad o si va a la salud pública y a
la dignidad”, aseguró que “a quien le
ha ido peor es a aquella (mujer) que trató de tener un aborto, no lo logró y
tuvo embarazo forzoso” e indicó que el aborto “es 14 veces menos peligroso
que un embarazo”.
A su turno, el
vicepresidente del Instituto Laico
de Estudios Contemporáneos, Lisandro Gómez, resaltó que “los abortos
suceden todo el tiempo” ya sea de forma “clandestina” en condiciones precarias
o como “privilegio para quienes pueden acceder a intervenciones privadas en
condiciones salubres”.
En tanto, la
abogada penalista Ana Correa resumió que “la clandestinidad mata”, enumeró casos de mujeres muertas pro
abortos clandestinos y dijo que el Senado “faltó a la verdad en 2018 cuando dijo que no había
mujeres presas por abortos”.
En cambio, el
doctor en derecho Fernando Toller se declaró a favor de “la despenalización” pero no de la legalización,
al tiempo que señaló que el
proyecto “es muy extremo y extralimitado”. En particular, llamó la atención
sobre que “llega a obligar al objetor a realizar el aborto. No sé qué
tipo de objeción de conciencia podría ser esa”.
NdR, 18 de
diciembre de 2020.
