Por: Federico Pérez (*).
La intendencia de Joaquín V. González mantiene una relación problemática con las cuestiones íntimamente vinculadas o de los alrededores al coronavirus. Entre otros asuntos igualmente pedregosos, como se verá a continuación. Del alerta provisorio por COVID-19 que se dio en las últimas horas en este municipio, a las dudas sobre los fondos para combatirlo que recibió esta comuna anteña y otras cuentas pendientes por dilucidar, el Concejo Deliberante pidió auditar los números oficiales.
Es que ante la reticencia del Ejecutivo en transparentar la gestión de Juan Domingo Aguirre –quien continúa aislado por una reunión con posible riesgo epidemiológico-, un grupo de concejales instó a monitorear las cifras a través de un pedido cursado en estos días a la Auditoría General de la Provincia. En discusión hay más de $ 10 millones en un principio negados por el Jefe comunal de haber percibido para enfrentar la cuarentena, los que se vio obligado a confirmar luego de un informe del Ministerio de Economía provincial. A los que se suman $ 26 millones más por el canon de la empresa estatal Salta Forestal que aún no ha acertado a explicar.
"Con respecto a fondos Covid-19, tenemos información cruzada, debido a que el Ejecutivo respondió literalmente que no los recibieron”, rememoró ante una consulta deNdR el concejal Sebastián Pérez, integrante del bloque Unidad Ciudadana. Sin embargo, este edil dijo que “cuando un informe desde la Cámara de Diputados demostraba que si (recibió dicha asistencia financiera)”, se indujo a que el titular de Hacienda, Roberto Dib Ashur aclarase, casi de compromiso, que Provincia “envía fondos con nombres COVID que pueden ser usados para paliar la situación de bajas en coparticipación".
"Por eso desde nuestro bloque se pidió la presencia de la Auditoria general de la provincia, ya que es un organismo facultado para sacarnos esta duda que se sembró en la comunidad", en cuanto a los millones que arribaron. De hecho, el Ejecutivo gonzaleño se negó sistemáticamente a dar alguna respuesta a 28 pedidos de informes de los ediles, realizados en lo que va de 2020. O bien lo ha hecho con argumentos macilentos a los pocos en los que ha alcanzado a balbucear descargos parciales.
A lo que se suma que el pasado 4 de agosto, los concejales Macarena Navarro y Juan Pablo Cuéllar (Bloque UCR), emplazaron al alcalde Aguirre a que en 5 días hábiles “presente la Cuenta General del Ejercicio 2019”, en el expediente 169/20. La edila le confirmó a este medio la pretensión del Ejecutivo, relacionada con ampliar un dibujo del Presupuesto municipal del año en curso, aunque sin mostrar los números de ingresos y gastos reales del año anterior. De hecho, la gestión Aguirre no sólo adeuda las Cuentas Generales del Ejercicio 2019, sino también las de 2018 y 2017.
La tensión entre ambos poderes comunales llegó a tal punto que los concejales evaluaron la posibilidad de conformar una Comisión investigadora sobre la actual administración. Sin embargo, ello requeriría la adhesión de los 2/3 y tal escenario pondría a esta iniciativa a tiro de un bloqueo, por parte de los 3 ediles que aún responden y se alinean con el Ejecutivo municipal.
Legislar a ciegas
La invitación desde la Intendencia a los concejales, tendiente a ampliar su margen de maniobrabilidad financiera se da en un contexto de casi total oscuridad. “Como no contestan los informes, nos vemos obligados a pedir información al Ejecutivo o al Legislativo provincial”, resumió a NdR la concejala Macarena Navarro.
El municipio no cuenta con página institucional en Internet y mucho menos con un Boletín Oficial. Por eso, los concejales se ven obligados a recurrir a vías extravagantes a fin de realizar las tareas de control.
De hecho, en la resolución del pasado 22 de julio, firmada por los ediles Navarro y Pérez, exhortaron a que la AGP emita informes respecto a los “fondos enviados por el gobierno provincial a la Municipalidad de Joaquín V. González, en relación al canon de Salta Forestal y vehículos destinados a la localidad Centro 25 de Junio”. Como también, en relación a los “desembolsos recibidos de forma extraordinaria del gobierno provincial al Municipio (…) por la pandemia”.
Respecto al último de los ítems pedidos a la Auditoria, el pasado 19 de mayo el propio intendente Aguirre había asegurado por escrito que “desde fecha 01 de marzo al 19 de mayo de 2020 el municipio no recibió ningún fondo ni partida presupuestaria relacionada al COVID-19”. Únicamente, admitió que se le hubiesen enviado 500 módulos alimentarios de emergencia, desde el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. Nada más.
Sin embargo, una resolución de la Cámara de Diputados el 2 de junio de este año exhortó al Ministerio de Economía y Servicios Públicos de Salta a precisar informes sobre tales partidas por la emergencia de COVID-19. Días después, la resolución de Cámara baja fue satisfecha desde la cartera, con la confirmación de envíos a JVG por un total de $ 10.703.577,29, la misma Intendencia que antes había negado la recepción de moneda alguna. El encabezado de tal nota enviada por Economía señala: “Departamento Anta-Fondos COVID-19”. Junto a los más de 10 palitos ya girados hasta mitad de año.
El detalle del informe oficial, certificado desde Economía, consignó que dicha “Asistencia Financiera” se realizó, mediante el giro por $ 2.325.000 en abril de 2020, $ 3.460.000 en mayo, $ 2.742.429,24 en junio, más un adicional imputado como “1° SAC” (Sueldo Anual Complementario) por $ 2.176.248,05 también en el sexto mes. Tal deschave parece que dinamizó los manotazos hacia los smartphones, buscando discar el número de alguien agendado como “Loro” (posiblemente Dib Ashur).
Un continente de inconsistencias
Otro gran entredicho, planteado entre el Ejecutivo local y los ediles es el de Salta Forestal. Definida en algún momento de la década de los años 90 como “casi un continente” por el ex senador provincial Rodolfo Aldo Juncosa, su cesión a manos privadas le posibilitó luego a su nuevo “dueño” suscribir acciones para la construcción del recontra VIP barrio porteño de Puerto Madero, según el historiador Leo Juárez (Ver artículo “Salta Forestal alumbró Puerto Madero”, NdR 3 de mayo de 2019).
En base a la ley provincial 7623/10, se estableció que un porcentaje del arrendamiento de esta extensa superficie rural (canon) deberá terminar en las arcas del municipio en el que se encuentre cada inmueble rural, como es el caso de Salta Forestal. En su respuesta al pedido de informes del Concejo deliberante de Joaquín V. González, N° 01/2020, el Ejecutivo aseguró que en 2019 recibió en tal concepto $ 34.865.190,87.
Curiosamente, de aquella cifra millonaria la gestión Aguirre sólo rindió a los ediles apenas $ 7.867.000,04. Con autorización para su uso específico desde fines de noviembre de 2019, aquel monto se invirtió en la compra de una ambulancia Pick up 0 KM marca Toyota por $ 3.929.000.04, la que apareció a la luz pública 6 meses después, y un Minibus Mercedes Benz por el que afirmaron haber pagado $ 3.929.000, hoy fuera del alcance visual de los vecinos. La primera fue adquirida una semana antes de la ordenanza que la autorizase, a la firma “Ambulancias Argentinas” S.R.L., ubicada en calle Belaustegui 339 de Ciudad de Buenos Aires.
Al poco tiempo de su aparición, demorada hasta último momento por un aparente altercado con la “papelería” registral del vehículo, la ambulancia fue cedida en comodato al hospital “Oscar H. Costas” para asistir a pobladores rurales, principalmente los del paraje Centro 25 de Junio, el poblado principal de lo que el resto popularmente denomina como Salta Forestal.
En tanto, el luego inhallable minibus Merceces Benz, fue comprado a la concesionaria salteña Rolcar S.A., con domicilio en avenida Paraguay 2160. Al parecer, la gestión Aguirre daba por adelantada la aprobación de estas operaciones que tenía a su cargo el anterior Concejo Deliberante, ya que la ordenanza correspondiente se sancionó el 27/11/2019, y las facturas de la firma automotriz se hicieron dos días antes, el 25/11/2019.
Pese a estas “precisiones” dadas por el Ejecutivo municipal, los actuales concejales de esta ciudad anteña todavía aguardan las justificaciones contables que restan. La impaciencia de los ediles está ligada a los alegatos faltantes –y sobre todo la documentación que los respalde-, adeudados desde la Intendencia, y que expliquen los otros $ 26.998.190,83. La espera valdrá la pena.
Foto 1: Pedido a la Auditoría General de la Provincia.
Foto 2: Sebastián Pérez (concejal Unidad Ciudadana).
Foto 3: Macarena Navarro (concejal UCR).
Foto 4: Negativa del Ejecutivo sobre envío fondos CoVID-19.
Foto 5: Detalle de fondos COVID-19 enviados desde Min. Economía.
(*) NdR, 12 de agosto de 2020.
