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El Ente Regulador de los Servicios Públicos de Salta concluyó que está encaminada a solucionarse el mecanismo de cobro de cargas municipales capitalinas, a través de las facturas de EDESA. Amén de esta solución provisoria, desde el organismo anticiparon que “la auditoría proseguirá”, en cuanto a los montos ya cobrados y que generaron el escándalo entre los vecinos de nuestra ciudad.
El ENRESP emitió este lunes la Resolución 829/22, en la que evaluó la declinación de la Municipalidad de Salta en cuanto al cobro del Impuesto Inmobiliario y la Tasa General de Inmuebles con el que acometió a 7760 titulares de matrículas catastrales con dos o tres suministros de energía eléctrica y a quienes se les asoció y vinculó esta condición con obligaciones fiscales.
En el convenio entre la Intendencia de Salta y EDESA también se decidió la exclusión de 25.205 contribuyentes de la Tasa de Prevención y Protección de Bienes y Personas por no estar contemplada su situación en el Código Tributario Municipal. Por lo que los propietarios de viviendas en edificios y urbanizaciones deberán pagar cuando esté acreditada la existencia de unidades independientes.
El cambio de criterio municipal también supuso la prohibición de consignar las palabras “catastro” y “parcela” que están reservadas para uso exclusivo de la Dirección General de Inmuebles según ley 2308, y la división de la base imponible cuando se trata de valuación fiscal de los catastros para evitar doble o triple imposición.
De modo tal que el órgano de control, de manera provisoria, ratificó que corre el plazo de 60 días para que se confirmen los actos administrativos dictados por la Agencia Recaudadora y ordenó que toda determinación provisoria de tributos, o la reserva de cobro de supuestas deudas pendientes deben ser informadas en las boletas de EDESA para garantizar el derecho de los usuarios.
Por ello, manifestó su conformidad el titular del Ente, Carlos Saravia. Ya que este acuerdo entre EDESA y el Ejecutivo capitalino “garantiza a futuro legalidad para la cobranza de tributos”. Aunque el funcionario aclaró que “sin perjuicio de que la auditoría proseguirá, y que varias decisiones tienen que ser ratificadas por el Concejo Deliberante, está claro que nos encaminamos a una solución.
NdR, 21 de junio de 2022.
