Sin elementos objetivos en el caso gasoducto

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El abogado Fernando Teseyra expresó su perplejidad, en relación a los razonamientos de la fiscalía federal para hilvanar la acusación al intendente de Aguaray, Jorge Prado, en el caso del gasoducto del NEA. “Sería bueno que la Fiscalía exponga lo que imagina que sucedió con la sustracción de caños” del gasoducto del NEA, le dijo este lunes el letrado a NdR. “Pruebas, no presentó”, resumió el representante legal del jefe comunal, al graficar lo único existente en dicha causa.

El cargo por presunto fraude a la administración pública se hizo, aparentemente según duda Teseyra, por dichos de terceros. La investigación está sustentada en una resolución municipal para el traslado de los tubos abandonados hasta un lugar en el que no contaminasen, pero no existe en esta disposición orden alguna para su venta.

Por ello, remarcó que no existen elementos en las actuaciones algo que objetivamente apunte a la existencia relativa a la participación de Prado en una posible venta de dichos caños. Cabe recordar que el actual intendente de Aguaray, había renunciado en marzo de 2019 a la Secretaría de Medio Ambiente en beneficio de su candidatura.

El testimonio de Dante Rodríguez, vinculado al conductor de camiones Miguel Cuéllar, llevó los indicios hacia esta hoy famosa resolución firmada por Prado, ya como intendente, el 23 de diciembre del año pasado. Cabe recordar que el 12 de noviembre de 2019, según el expediente que tramita la Fiscalía Federal, Cuéllar fue sorprendido en el paraje Alto La Sierra (ver nota “Prado: ¿Chivo expiatorio del caso gasoducto”?, NdR 27 de agosto de 2020), en pleno traslado de 14 caños a bordo de un colectivo modificado para esta tarea. 

“La Fiscalía infiere, por dichos del señor Rodríguez” qué es lo que podría haber sucedido, encuadró el profesional del Derecho.  Aunque “no hay, ni fáctica, ni jurídicamente, elementos” que permitan suponer responsabilidad penal por parte de Prado en la sustracción de caños del ducto, indicó Teseyra este lunes.

En este contexto, recordó que la resolución emitida en diciembre último, desde el Ejecutivo comunal de Aguaray, se hizo con el único objetivo de preservar a los pobladores, hasta hacer algo con el pasivo ambiental que había generado el abandono de la obra en este tendido gasífero. “Por eso se dispuso su acopio en un lugar seguro” donde no contaminara.  

Ahora, “lo que se debería saber es qué hizo la empresa OSYP S.A. con los caños”, retrucó Teseyra. La utilización de remitos de una compañía minera y de otra firma comercial son las pruebas a las que se refirió el abogado, al recomendar una línea en la cual se podría profundizar esta investigación. Esto, dado que la Resolución municipal carece de operatividad fuera del ejido municipal de Aguaray, como que Prado no tuvo, ni tiene, vinculación con la firma mencionada.

NdR, 7 de septiembre de 2020.