Por el incumplimiento de Nerón

La resistencia a informar sobre manejos de fondos para emergencia sanitaria, epidemiológica, compra de vehículos y fondos asistenciales le valió una imputación penal al intendente de Santa Victoria Este, Rojelio Nerón. Tal es la confirmación que dio este jueves el Ministerio Público Fiscal, luego del achaque por la supuesta comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, en grado de autor.

La acusación, firmada este lunes por el fiscal Armando Cazón, se fundó en que Nerón no respondió los pedidos de informes de los concejales, relacionados a patrimonio, convenios, ingresos y egresos de fondos al Municipio y otras cuestiones vinculadas con su administración a cargo de esta Intendencia. A lo que se sumó el aparente abandono a las comunidades, denunciado por caciques de la zona.

Este lunes, Nerón se presentó con defensa particular e hizo su descargo ante Cazón, respecto a los motivos por los que eludió responder al requerimiento de información que arrastra desde diciembre de 2019, en materia de liquidez en las cuentas del municipio, ingresos por recaudación, coparticipación municipal y otros conceptos.

De acuerdo a lo ya publicado por este medio (Ver artículo “Pulgar al suelo para Nerón”, NdR 8 de agosto de 2020), los ediles habían decidido el fin de semana la destitución del alcalde del poblado situado en el departamento Rivadavia. En tanto, una denuncia formal ingresó por esas horas a la Fiscalía lugareña, rubricada por el vicepresidente del cuerpo, Samuel Gilobero, quien junto a Abel Mendoza –Movimiento Indígena- plantearon la recriminación hacia el Jefe comunal.  

El representante de las comunidades originarias planteó que Nerón eludió respuestas planteadas el 29 de julio pasado, respecto a módulos alimentarios enviados desde el Ejecutivo provincial, pozos de agua, programa Ticket Hay Paz, copa de leche y coordinación de ANSES para atención al público en cuanto a asistencia social. A esto, le agregaron haber librado a su suerte a la viuda del fallecido secretario de Obras Públicas de Santa Victoria, Pedro Lozano, quien dejó una prole de 6 hijos. Ante lo cual, en la audiencia del lunes, el Intendente adujo que había ofrecido un puesto de trabajo en la comuna a un hijo de la señora, aunque el joven no habría aceptado.

Mientras que la presentación realizada desde el Concejo Deliberante dejó constancia que el titular del Ejecutivo ni siquiera contestó cuando fue invitado a ofrecer su descargo, en relación a la situación financiera de la Municipalidad, la disposición y distribución de módulos alimentarios, pozo de agua en la zona, funcionamiento del COE y control municipal de los camiones entrantes y salientes en los meses que dura la cuarentena por coronavirus.

Los ediles también pidieron documentación respaldatoria sobre ambulancias adquiridas por el municipio ingresos de ATN (Aportes del Tesoro Nacional) licitación y factura de cobros de antenas portantes en municipio ingresos actuales del municipio, cantidad de personal de planta contratada, planta política y transitoria contrato con agentes prestadores de servicios del municipio, bienes inmuebles a disposición convenios con el Ministerio de Salud, Recursos Hídricos y Vialidad situaciones de las aseguradoras y empleados municipales novedades sobre presupuesto municipal por parte de la Auditoría General de la Provincia, entre otros.

En la audiencia de imputación del lunes anterior, Nerón adelantó su voluntad de aportar á la documentación correspondiente a la actual situación patrimonial del municipio. De todas formas, el fiscal Cazón evaluó que correspondía, en base a los elementos reunidos, la imputación informada al jefe comunal, como redactó al finalizar esta entrevista a comienzos de la semana.

Crédito fotográfico: Tartagal al momento.

NdR, 13 de agosto de 2020.