Una dimisión rodeada de sospechas

F.P.

Una de las flamantes bajas en el gabinete titirromerista estaría vinculada a los aparentes –y millonarios- desmanejos de fondos para publicidad oficial, encauzados por vía judicial. En este entramado puede leerse la dimisión que habría presentada este miércoles por Florencia Ghiberti a la Secretaría de Hacienda de la intendencia de Salta.

“La Muni arde”, confió este miércoles por la noche a NdR una fuente ligada al gabinete de Titi Romero. Sucede que la presentación formal que se le atribuye a la segunda de Daniel Amador, en la Secretaría de Hacienda, habría incluido un alegato en motivos personales y asuntos familiares como razonamiento principal.

Los que conocen a Ghiberti afirman que no fue muy de su agrado la perspectiva de responder en sede judicial por la administración de fondos públicos, de los que se sospecha que en gran medida son captados por empresas directamente vinculadas a la familia de la Alcaldesa u otras que con algo más de disimulo tienen al frente a gente muy cercana a los Romero. Comerse un pelotazo en la cara, sin motivo a la vista.

El primer medio que se hizo eco de la renuncia de Ghiberti fue el portal La Yapa Salta, al publicar sobre esta nueva baja en el gabinete comunal, aunque sin adelantar mayores especulaciones al respecto. Aunque la coincidencia de tiempos parece señalar que la motivación para presentar su partida formal habría comenzado a vertebrarse cuando llegó hace 10 días un oficio del Ministerio Público Fiscal al Centro Cívico Municipal.  

En efecto, con la firma del fiscal Leandro Joaquín Flores, desembarcó en el CCM este resolución con la meta que el oficialismo capitalino realice su descargo, ante la denuncia realizada por el abogado Sergio Aguilera (Ver artículo “El carro, la bici y el caballo del comisario”, NdR, 17 de julio de 2020), en contra de dos funcionarios municipales. En esta presentación, el letrado había señalado como posibles responsables por “aparentes negocios incompatibles con la función pública y administración fraudulenta al Subsecretario de Comunicación, Juan Fermín Aranda, y a la Coordinadora de Contenidos, Agustina Gallo Puló”.  

La profundización de esta investigación, claramente, requiere como primera medida determinar con precisión la cantidad de fondos y el soporte en la fundamentación para realizarlo. De lo cual el primer paso es lograr estos datos precisos, primero en Hacienda Municipal y luego en el departamento Legal y Técnico del Ejecutivo capitalino. Tal parece que en un escenario en el que no abreva, ni comulga, Gilabert habría optado por dar este paso al costado.

Más allá de esta partida, restan por determinar un montón de apartados y detalles que planteó la denuncia presentada por Aguilera. Por ejemplo, la cuasi total identificación de JF (Aranda) en su rol como funcionario municipal, junto a otro JF Aranda que se presenta como titular de 5 medios de comunicación que reciben cuantiosa subvención estatal municipal, pese a su inserción social dudosa.

NdR, 29 de julio de 2020.