Un gran debate viene al galope

Con guiños a diferentes capas de la oposición, los que necesitará, el presidente Alberto Fernández lanzó este miércoles el debate en torno al proyecto de Reforma a la Justicia Federal. El espíritu central de la iniciativa contiene un planteo que apunta a descentralizar causas que hasta ahora en su mayoría desembocan en Comodoro Py, el distrito metropolitano del fuero federal, y desalentar la confluencia con el mundo del espionaje.

En la conferencia realizada desde Balcarce 50, el mandatario recordó que este proyecto reactiva algunas ideas contenidas en el programa “Justicia 2020”, el que contuvo el trabajo de los senadores nacionales Humberto Schiavoni, Federico Pinedo, Ernesto Martínez, Rodolfo Urtubey, Luis Naidenoff y la senadora Silvia Elías de Pérez. Del cual ponderó el objetivo que en los distritos provinciales prevalezca “la especialización por materia” y así se eviten las “competencias múltiples”.

En su presentación de esta iniciativa, Fernández resaltó los pasos que se dieron a partir de los mandatos presidenciales de Raúl Alfonsín, Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner. En contraste, hizo un repaso crítico de los años de la “mayoría automática” y la justicia durante el menemismo, al igual que los recientes cuatro años de “sótanos de la democracia” perpetrados con asistencia desde el mundo del Derecho a las persecuciones del macrismo.

En este contexto, el Jefe de Estado recordó que “la Agencia Federal de Investigaciones volvió a quedar bajo un manto de sospecha al permitírsele, una vez más, el manejo de fondos reservados y la posibilidad de participar en el curso de diversas pesquisas judiciales”. A lo que se adosó que “la arbitrariedad procesal fue ganando terreno en desmedro de las más elementales normas que garantizan el debido proceso” y que por esta vía “se abrieron camino pretendidas doctrinas que fueron utilizadas para convertir al encarcelamiento preventivo en un sistema de penas anticipadas”.

Contexto en el cual recordó que en la misma noche de su triunfo en las presidenciales, adelantó su preocupación por el funcionamiento de la Justicia Federal. Especialmente la necesidad de imponer “la ley en forma igualitaria con prescindencia de quien ejerce el poder y quien resulta opositor”.

El mismo rasgo

Mientras que al asumir el mando, ratificó sus críticas a las “persecuciones indebidas y detenciones arbitrarias inducidas por quienes gobernaban, y silenciadas por cierta complacencia mediática”. Además, repasó su idea que “sin Justicia independiente del poder político no hay república ni democracia. Solo existe una corporación de jueces dispuestos a satisfacer el deseo del poderoso y castigar sin razón a quienes lo enfrentan. De una vez por todas digamos nunca más a una Justicia que es utilizada para saldar discusiones políticas, y a una política que judicializa los disensos para eliminar al adversario de turno”.

En esta dirección, justificó la intervención a la Agencia Federal de Inteligencia como un paso previo al planteo de este parecer que en octubre de 2019 sometió al “veredicto popular”, al que la mayoría de argentinos acompañó con su voto. Y que reiteró aquel “compromiso ante el Parlamento argentino, en el mismo instante en que asumí la Presidencia de la Nación”.

En este plano, detalló la puesta “a consideración del Honorable Congreso de la Nación el proyecto de Ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal”. La propuesta central es dotar al Poder Judicial de un mejor organigrama que ayude a “superar la crisis que claramente afecta la credibilidad y el buen funcionamiento de la justicia federal con competencia penal”.

En tal sentido, el proyecto crea la Justicia Federal Penal con asiento en esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante la consolidación de los fueros Criminal y Correccional Federal y Penal Económico. Cada uno actuará en lo sucesivo con una de las dos secretarías que actualmente tienen. La restante se convertirá en secretaría de 23 nuevos tribunales que se sumarán para acabar de conformar el fuero.

Fernández especificó que “esta lógica de ampliación del número de juzgados, ha tenido muy en cuenta la necesidad de adecuar la labor jurisdiccional a la demanda que deriva de la puesta en marcha del sistema acusatorio que impone el Código Procesal Penal Federal”. De todas maneras, el Presidente de la nación resaltó que “es necesario dejar expresamente aclarado que la conformación de esta nueva estructura judicial, en nada afecta el principio del Juez Natural”, por lo tanto “la totalidad de las investigaciones y juicios en curso quedarán bajo la jurisdicción de los jueces, juezas o tribunales orales que actualmente las estén tramitando”.

Un legado razonable

Otro apartado importante de esta iniciativa es la propuesta de “transferir a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la competencia para investigar y juzgar la totalidad de los delitos no federales cometidos en su territorio, completando de este modo el proceso de transferencia de competencias penales que aún hoy se encuentra pendiente” (idea original de la reforma constitucional de 1994).

En tanto, otro acápite “propicia la unificación plena de la materia Civil y Comercial Federal con la que es propia del Contencioso Administrativo. En este caso, se ha considerado la experiencia que da cuenta de los numerosos conflictos de competencia que suscitan entre ambos fueros, lo que atenta contra la celeridad, eficiencia y eficacia tan reclamada a la labor judicial”.

Junto con un capítulo adicional que propende al  “fortalecimiento de la Justicia Federal en el interior del país”, tal como se había presentado en el programa Justicia 2020, a cargo de los senadores Schiavoni, Pinedo, Martínez, Urtubey, Naidenoff y Elías de Pérez.

Finalmente, la ley impone en su capítulo final una serie de reglas de actuación que deberán respetar los jueces y juezas federales.

La Ley N° 27.146, cuya vigencia fue suspendida por el gobierno que nos precedió mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 257/15, establecía una serie pautas de actuación que en la magistratura deben ser respetadas:

  a) Mantener un trato equivalente con las partes, sus representantes y abogados.

  b) Evitar comportamientos que indiquen favoritismo, predisposición o prejuicio respecto de cualquiera de las partes.

  c) Garantizar que las personas reciban un trato digno e igualitario.

  d) Ejercer sus funciones libres de interferencias.

  e) Comunicar al Consejo de la Magistratura de la Nación cualquier intento de influencia en sus decisiones por parte de poderes políticos o económicos, miembros del Poder Judicial, Ejecutivo o Legislativo, amistades o grupos de presión de cualquier índole, y solicitar las medidas necesarias para su resguardo.

  f) Evitar que el clamor público y el miedo a la crítica incidan en sus decisiones, y en ningún caso deberán actuar en base a consideraciones de popularidad, notoriedad u otras motivaciones impropias.

  g) Evitar valerse del cargo para promover o defender intereses privados, transmitir ni permitir que otros transmitan la impresión de que se hallan en una posición especial para influenciar.

En este tramo de su exposición, Fernández puntualizó que “el proyecto que se eleva a consideración del Congreso mantiene estas pautas de actuación y agrega que su incumplimiento constituirá una causa grave de mal desempeño, además de las sanciones administrativas y penales que pudieren corresponder”. 

Además, pidió apoyo para la creación del el Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público. “  A tal fin, he recurrido a juristas de reconocimiento técnico indiscutido. Han sido sus sólidos antecedentes académicos y la experiencia enorme que individualmente acumulan, lo que me ha determinado a convocarlos y convocarlas a la tarea de repensar el funcionamiento de nuestro Poder Judicial y de nuestro Ministerio Público”.

NdR, 29 de julio de 2020.