Un razonamiento más en contra

Los planteos que abonan la hipótesis de inconstitucionalidad del Régimen de Excepción, alumbrado por la ley 8191 y el decreto 255, se van sumando y este lunes recibieron un espaldarazo más. La Fundación Volviendo a Casa, presidida por Isabel Soria, ingresó una serie de observaciones a la Corte de Justicia de Salta para fundamentar en contra de este marco normativo (Ver nota ¿”Otro planteo contra el 255”?, NdR 26 de julio de 2020).

Soria acudió con esta queja y pidió que “se declare con urgencia  la Inconstitucional de la Ley Nº8.191, otrora DNU 255/2020, y con los mismos fundamentos ya presentados por la mesa de Derechos Humano de Salta, en el mes de Mayo de éste año que se tramita en ésta Corte”. La titular de VaC enmarcó este reclamo “a fin de garantizar la plena vigencia del Estado de Derecho”.  

En otro apartado, Soria evaluó que “las atribuciones conferidas al poder de policía en ésta ley, exceden lo normado tanto en el código penal como en los tratados internacionales de Derechos Humanos, al establecer una reclusión por 60 días”. Sin embargo, recordó que “ el encierro no debe ser tomado como medida de protección en el contexto de pandemia que hoy atravesamos (…) ya que no se encuentra tipificado en ningún cuerpo normativo”.

El escrito, incorporado a los expedientes que tramita el máximo tribunal provincial de manera remota, evaluó que “si bien el Gobierno Provincial tiene que establecer Políticas Publicas de cuidado de los ciudadanos en éste contexto de COVID-19, ésta norma se aleja de esa premisa, al legitimar el accionar policial con antecedentes históricos de conductas abusivas arraigadas por parte de las fuerzas policiales”.

Pero que “la misión de la institución policial entre otras es el control, el respeto por la legalidad y no el de dictar condenas ni amenazar derechos, sino de fortalecer y garantizar la seguridad de todos y de todas”, fundamentó la entidad civil. Esta presentación se sumó a las ya realizadas por HIJOS, los Abogados por el Pensamiento Penal  y la de la Secretaría de Derechos Humanos de la nación.

NdR, 27 de julio de 2020.