Un indebido cobro de IFE va a juicio

El caso del concejal guachipeño y el presunto cobro del Ingreso Familiar de Emergencia cuenta con grandes posibilidades de ser elevado a juicio, luego de un pedido en tal sentido por parte de la fiscal Verónica Simesen de Bielke. En este contexto, la funcionaria formalizó este miércoles el pedido ante el Juzgado de Garantías 4, junto a la imputación al edil de Guachipas, Héctor Sebastián Cari, acusado del delito de fraude a la administración pública.

Simesen de Bielke actuó de oficio, basada en las noticias difundidas por medios de prensa y tras una investigación que profundizó  al respecto arribó a la conclusión preliminar que el representante podría haber incurrido en tal ilícito y en su posible  responsabilidad penal.

En este documento, la Fiscal consignó que el edil por el Municipio de Guachipas, se inscribió como beneficiario del subsidio Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), a sabiendas que no podía serlo e indujo a un error a la Administración, ya que se requiere contar con la foto del documento nacional de identidad, datos de contacto (correo electrónico) CUIL y Clave de la Seguridad Social y recién a partir de allí, una vez reunidos tales requisitos, se puede ingresar a la solicitud.

Además, Cari no se detuvo allí, pues tras ser notificado que el beneficio le fue acordado, se presentó personalmente ante las oficinas del Correo Argentino de Guachipas y cobró la suma de $10.000, a sabiendas que no le correspondía hacerlo. Tras ser advertido por los vecinos, pretendió desviar la atención a través de una nota que ingresó al Concejo Deliberante en la que ofreció devolver el monto cobrado.

De acuerdo a la evaluación de Simesen de Bielke, Cari en su condición de representante no podía desconocer que carecía del derecho a ser beneficiario del IFE. La Fiscal tomó en cuenta la declaración por parte del Gobierno Nacional de la declaración de la Emergencia Sanitaria en virtud de la Pandemia por la COVID-19, tras la que se adoptaron medidas de asistencia específica a la población privada de obtener ingresos por la cuarentena.

Fue así que se dispuso un Ingreso Familiar de Emergencia para los trabajadores y monotributistas, entre 18 y 65 años, con mayor grado de vulnerabilidad, sumando a este IFE al paquete de medidas que alcanzan a trabajadores formales de sectores críticos, informales, monotributistas, jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones y empresas. Como toda medida de carácter excepcional, para el acceso al mismo, se establecieron requisitos tales como contar con foto del documento nacional de identidad, datos de contacto (correo electrónico) CUIL y Clave de la Seguridad Social y recién a partir de allí, una vez reunidos tales requisitos, se podía ingresar a la solicitud del beneficio.

También se establecieron inhibiciones precisas, de forma tal que no tendrían derecho al mismo, aquellos titulares o su grupo familiar que percibiera ingresos provenientes de una relación de dependencia en el sector público o privado.

NdR, 8 de julio de 2020.