Todo para uno

Tal como se había dicho, las nuevas revelaciones sobre la investigación por el Caso Huergo volvieron a impactar fuerte, en los alrededores del Centro Cívico Municipal. En esta ocasión, los millonarios pagos que hizo la intendencia de Salta a la empresa SEC S.A., la cual cuenta con una plantilla de un solo empleado y fueron expuestas en medios nacionales.

Una nota con detalles de esta investigación se veía venir (ver artículo “Todos a bailar”: https://www.notaderedaccion.com.ar/noticias/id-272_Todos-a-bailar) y así fue, nomás. Este miércoles, el portal El Destape indicó que la administración a cargo de Gustavo Sáenz autorizó estas millonarias partidas, a favor de “una empresa fantasma, existente en los papeles, pero insolvente en la práctica”.

Como fuente del artículo, el medio metropolitano consignó la denuncia realizada a principios de año por la AFIP ante la Justicia Federal salteña. Allí se fundamentaron las dudas en relación a quienes figuran como aparentes “accionistas” de SEC, los ignotos Gerardo Rubén Romero y Camila Muñoz, pero luego encargados de delegar todos los trámites bancarios en Aníbal y Alvaro Anaquin, dos funcionarios de peso y con notables contactos en el ámbito de la administración pública.

En contraste, Romero es un jubilado con haberes mensuales que no superan los $ 7.500, mientras que Camila Muñoz apenas tiene 24 años y todavía vive en su casa paterna. Ello no fue obstáculo para que la comuna capitalina les otorgase licitaciones para realizar obras públicas trascendentes, lo cual potenció las sospechas de “direccionamiento de la obra pública por parte de funcionarios provinciales –y municipales- hacia las empresas relacionadas” con la causa contra el empresario Matías Huergo.

En su publicación de este miércoles, El Destape consignó que en vista de “estas irregularidades, se procedió a la investigación de la capacidad operativa de SEC S.A. que dejaron al descubierto más inconsistencias. La auditoría descubrió que la compañía, de abril a mayo de 2017, los meses en que realizó los trabajos, sólo tenía un empleado declarado. Era Augusto Aparicio Pereyra, con un sueldo de $10.670, que, según la AFIP, ´habría tenido la titánica labor´ de instalar 600 farolas y 690 luminarias. Después de ese período, la empresa declaró cuatro trabajadores”.

Por otra parte, especificó que AFIP remarcó su hipótesis respecto al armado engañoso para fraguar crédito fiscal y, a partir de ahí, “realizar negocios espurios  en los que se vería afectado el erario público municipal y las que se utilizan para la comisión de distintos delitos”. Hasta el momento, algunos medios calcularon que la defraudación habría totalizado cerca de $ 440 millones, aunque otros cálculos situaron la cifra global en más del doble.

NdeR, 4 de septiembre de 2019.