El ritual de Villa Banana

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La discreción del Jeque rosarino de Villa Banana concita el ruego principal en diversos puntos aún no determinados del Noroeste argentino, incluido suelo gaucho. Al final de la semana, la justicia federal santafesina le zampó una imputación por narcotráfico al ex gerente portuario de Vicentín, Gustavo Shanahan. Eso impactó en toda la región norte del país.

En su resolución más reciente, el juez Marcelo Bailaque dio por “acreditada la sospecha de que Julio Andrés Rodríguez Granthon, Alexis Ezequiel Manzo, Alfonso Sciortino, Juan Román González, Néstor Ciotti, Gustavo Shanahan, Gustavo Báez Aguilar y Richard Galeano Vázquez comercializan material estupefaciente y que Rodríguez Granthon reviste el carácter de organizador, mientras que los demás cumplen distintas funciones” en la banda con boca de expendio en Villa Banana, Rosario (Santa Fe).

El magistrado le dictó la prisión preventiva a Shanahan, quien cumplirá esta pre condena desde un semipiso con vista al Paraná, donde su talón de Aquiles luce este fin de semana una tobillera electrónica. El ex titular del puerto rosarino -el cual manejaba para la agroexportadora Vicentín- aún disemina connotaciones en cuanto al posible nexo entre actividades más o menos lícitas y el resultado de los despachos de falopa. Sólo faltaría que el “interesado” ofreciera más detalles.

La materia sobre la que indaga en estos días el Juzgado Federal N° 4 de Rosario, resulta de 23 allanamientos coordinados que se llevaron a cabo entre el 14 y el 15 de octubre pasados. Desgranados de tales procedimientos 9 personas detenidas fueron procesadas, mientras que cuatro de ellas zafaron de tales achaques por el momento.  

A la banda que integraba Shanahan le fueron incautadas una cocina de droga, armas, cuatro kilos y medio de cocaína, $ 34 millones y u$s 30.500 dólares. En tanto, lo que tiene a maltraer por estas latitudes son las escuchas telefónicas y el seguimiento que los pesquisas de la Policía Federal efectuaron, desde meses atrás, a los partícipes de este G-9. Puede haber rastreos que apunten un poco más arriba en el mapa argentino. 

De las intercepciones al teléfono que usaba Rodríguez Granthon (alias: El Peruano), perteneciente al Servicio Penitenciario Federal –donde cumple condena desde agosto último- surgieron detalles acerca del uso de una jerga muy particular. Por ejemplo, el que a los paquetes enviados se los llamaba Sprite, Coca Cola o Manaos, según se intentase denominar así a la cocaína o a la marihuana, de acuerdo a su pureza y calidad.

El juez Bailaque tiene como hipótesis a Díaz, Pérez y Rodríguez Granthon como el brazo narco de esta gavilla mientras que Shanahan y Ciotti se ocupaban de cambiar los pesos a dólares en el mercado blue. A su vez, la adquisición de droga se hacía en Bolivia y volvía para su procesamiento a esta ciudad santafesina.

El diario Página/12 publicó este domingo que muchos de los indicios fueron aportados por federales que actuaron de incógnito. Este operativo sigiloso posibilitó proyectar que la banda actuaba desde el mes de abril de 2021, aunque lo que pudo documentarse remite al lapso entre agosto y septiembre pasados.  

El epílogo de la tarea realizada por los federales fue gatillado a comienzos del mes pasado, cuando uno de los investigadores fue fichado por el GPS narco al vigilar la sede en Villa Banana. Al develarse la labor del agente, los integrantes del grupo le administraron una balacera con la que le informaron que ya no era bienvenido en este barrio. 

Los procedimientos a mediados de octubre alumbraron la pista que llevaba hacia Shanahan. Un hombre de negocios que desde 2013 acarreaba inconvenientes legales-financieros. Sin embargo, tres años antes había pasado de la condición de accionista minoritario de la terminal Puerto Rosario al rango de controlador de la mayoría del paquete –en 2010-  y le asfaltó el camino a Vicentín para el control de dicha estación. 

Después, una pista investigada hasta su raíz por la agencia tributaria española precisó, en abril de 2015, que Shanahan actuó como corresponsal de las operaciones sucias realizadas por Jordi Pujol Ferrasola. El dirigente político español y empresario, usó a su homólogo santafesino para la operación por u$s 12 millones con que adquirió la estación fluvial rosarina. Por estas maniobras y otras de lavado de activos, la Fiscalía de Catalunya  pidió 29 años de prisión para Pujol Ferrasola y gran parte de su familia.

NdR, 7 de noviembre de 2021.