Clases de economía fallidas en pandemia I

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En donde destella como un astro refulgente, poco hay que pueda destronar al neoliberalismo. Salvo las urgencias y las situaciones en que la necesidad de instrumentar soluciones diferentes a problemas embromados subvierte lo que hasta ahí se consideraba idea sacrosanta. Como les pasó a los clérigos de la derecha ibérica, este fin de semana.

Cuenta en su edición sabatina el diario El País que las regiones de “Andalucía y Murcia mandaron quitanieves a Madrid para ayudar a una región desbordada por el temporal ´Filomena´”. Sin embargo, en la capital española “había máquinas de este tipo que no entraron en acción”, ni siquiera en la peor parte del meteoro, el cual registró descensos de termómetro por debajo de los -25 grados.

El periódico capitalino detalló en relación a este operativo de emergencia que “al menos nueve [NdR: quitanieves] propiedad de la Comunidad de Madrid permanecieron en sus bases en la sierra”. Es más: “se encuentran aún a la vista, aparcadas en los centros donde trabajan empleados públicos dedicados a la conservación de las carreteras regionales”.  

Vista a la distancia, esta aparente parsimonia tiene una explicación y no es la que habitualmente se enarbola, apuntando los dardos sobre la teóricamente proverbial propensión de los empleados públicos al descanso. Al contrario, esto se debió a la privatización hecha por la comuna madridista, a través de la cual concedió esta labor “a dos empresas que operan con sus propias máquinas y personal”. 

Lejos de los estándares de eficiencia que declama el ala privatista del liberalismo, el periódico reseño que “el desaprovechamiento de estos recursos es una nueva sombra en la gestión de la borrasca ´Filomena´, que ha causado daños de cientos de millones de euros en la región según estimaciones preliminares”. En tanto, hubo reparto en triple rango para funcionarios del orden local, regional y nacional, debido a “sus tibios avisos a la población y por la mala preparación de sus recursos para la nevada del viernes 8 de enero, la mayor en la región desde principios del siglo XX”.

Esta situación derivó la atención que “la conservación de las carreteras madrileñas es una tarea que ha sido privatizada gradualmente desde mediados de los 90”. De hecho, al día de hoy, la comuna madrileña “paga 25 millones al año a siete empresas que actúan en nueve áreas de la región” capitalina. Ellas son: Aceinsa, Durantia, Viabal, Reynober, Obras y Servicios Sgasa y una UTE conformada por Ferrovial y Cespa.

Incluso, en octubre de 2020, el director general de Carreteras, Francisco Javier Abajo Dávila, “convocó a los trabajadores en el primero de esos pueblos para darles la noticia de que el servicio en sus zonas iba a ser privatizado y ellos serían recolocados haciendo otras tareas, como por ejemplo vigilancia de carreteras”, contó el medio de prensa español, enlistado en la euroderecha tradicional.

NdR, 23 de enero de 2021.