Por el CIC en Animaná

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Por el CIC en Animaná
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La causa por los fondos nacionales para un Centro Integrador Comunitario en Valles Calchaquíes desembocó en la imputación al ex Intendente del lugar. Este viernes, se confirmó dicha medida contra Ignacio Vicente Condorí, por parte de la Fiscalía de Delitos Económicos Complejos. Aspectos relevantes de esta causa judicial.

El ex intendente de Animaná, Ignacio Vicente Condorí, fue imputado este viernes por el presunto delito de peculado, quien adelantó que realizará su descargo por escrito. La causa contra el ex jefe comunal de Valles Calchaquíes está impulsada por el fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Leandro Flores.

El eje de la acusación se basa en que Condorí habría retirado la suma de $ 549.938,89 (quinientos cuarenta y nueve mil novecientos treinta y ocho pesos con ochenta y nueve centavos), que consistían en fondos girados por el Ministerio de Desarrollo la Nación, directamente a la cuenta de ese municipio y a los que no les dio el fin específico asignado por convenio con el mencionado organismo nacional.

La causa que lleva adelante el Fiscal Flores surgió, a partir de la denuncia presentada por el hoy Jefe comunal, José Rolando Guaimás, a raíz de un hecho ocurrido en 2015. Ya en marzo de 2.016, el mismo actor concurrió ante Desarrollo Social de la Nación a informar respecto al destino del subsidio, el cual debió utilizarse para equipar al Centro de Integración Comunitaria de Animaná.

Al no hallar los fondos correspondientes o las constancias que acreditaran en qué fue usado el dinero, Guaimás citó a Condorí, quien primero desconoció la suma en cuestión. Posteriormente, Condorí admitió que había retirado dicho monto de una institución bancaria y sugirió al denunciante que “el problema podía solucionarse contablemente, sin que saliera a la luz de los medios o se hiciera una denuncia penal, devolviendo el dinero y asentando como que nunca había salido del municipio”, lo que fue rechazado por el actual intendente. Finalmente, Condorí reintegró el dinero, para lo cual se labró un acta.

En el caso, intervino previamente una fiscalía federal, la que tipificó el hecho como “malversación de caudales públicos”, pero la imputación no se concretó porque el Juez Federal 1, se declaró incompetente.

NdR, 7 de agosto de 2020. 


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