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El parlamento salteño comenzó a puros conciliábulos al final de la semana entre los diversos bloques de representación y con el foco puesto en la situación que se plantea en Rosario de la Frontera. Las deliberaciones extraoficiales se dan luego del informe de la Auditoría General de la Provincia, órgano que detectó aparentes irregularidades en la administración municipal encabezada por Gustavo Solís, lo cual fue abordado esta semana en Cámara baja.
En medio de este escándalo que circunda a la administración de esta ciudad termal, existen sospechas relativas al otorgamiento de planes sociales a beneficiarios que, sin embargo, no tenían ni noticias que sus nombres figuraban en el listado de beneficiarios. A lo que se sumaron los presuntos pagos por diversos conceptos que “se habrían hecho con la misma factura”, según el diputado provincial Gustavo Orozco, y que “habrían celebrado contratos con empresas que no estaban en condiciones para firmarlos”.
Entre lo observado por la AGP figura la contratación de maquinaria para tareas de pavimentación en el ejido urbano rosariofronterino, la cual no es la indicada para cumplir con dichos trabajos. En perspectiva, lo del caso de esta ciudad del sur provincial es mayor y más escandaloso que el causal alegado para la reciente destitución del intendente Jorge Prado, ex Jefe comunal de Aguaray, de acuerdo a la perspectiva trazada por Orozco.
Al respecto, el legislador llamó la atención sobre unos audios que circularon en las últimas horas en las que una voz que podría ser la de Solís instruye al empresario Walter Succi, en relación a la realización de una obra de adoquinado y un misterioso porcentaje en medio. Algo así como “unas 200 lucas” en un par de meses.
En virtud de todo este escenario, el legislador del bloque Ahora Patria confió en que no primen motivaciones corporativas al evaluar el caso de Rosario de la Frontera. Esto dijo al invocar que el electorado tiene como anhelo y motivación que la actividad política logre separar a sus representantes probos de quienes no lo son. Y que principalmente la justicia provincial no dilate los tiempos para actuar.
En este escenario, Orozco resaltó la “contundencia” del material probatorio que a su juicio tienen para evaluar los jueces gauchos. El parlamentario no desconoce que el Jefe comunal rosariofronterino invoca que todo esto sería un armado generado por el temor a su caudal electoral. Un miedo que, en la perspectiva del diputado provincial sólo vive en la imaginación de Solís y otro poco en la vida cotidiana de su ex Secretario de Gobierno, quien habría recibido amenazas, luego de prestar declaración en la que no dejó nada bien parado al alcalde mencionado.
Crédito fotográfico: Agenda Salta.
NdR, 26 de noviembre de 2020.
