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El Colegio de Gobierno que integra el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de Salta, resolvieron que desde este sábado y hasta el 11 de octubre prestará un servicio acotado. Con las firmas de Abel Cornejo (MPF) y la Asesora General de Incapaces y presidenta del MPS, Mirta Lapad, se emitió al final de la semana esta resolución 19130.
La disposición tendiente a mantener dicha modalidad de atención básica se dio a conocer a poco de concluida una protesta del Colegio y la Caja de Abogados, cuyos afiliados realizaron este viernes un “bocinazo” en los alrededores de la Ciudad Judicial. Pese a las mociones internas y previas en contra, esta protesta abogadil luego cosechó otros pronunciamientos en contra, como los del Sindicato de Judiciales y del Colegio de Magistrados y Funcionarios y de la Asociación de Jueces.
En efecto, en los días previos a esta manifestación con bocinas de automóviles, himno nacional y banderas celestes y blancas, el Instituto Jurídico con Perspectiva de Género del propio Colegio había objetado esta movilización (pese al apoyo a un recurso de amparo presentado). Este órgano interno del Colegio de calle Güemes al 900, presidido por Gloria Cruz, había dividido aguas el jueves al expresarse en adhesión al “amparo presentado por el Colegio y no así a la convocatoria denominada ´Bocinazo´, programada para el 25 de septiembre”.
En tanto, desde la Agremiación de Empleados del Poder Judicial y Ministerio Público de la Provincia de Salta expresaron este viernes su “Repudio” a la concentración de profesionales del Derecho. Con las firmas de Oscar Lafuente y José Luis Flores, el sindicato recordó en este pronunciamiento que “en ningún momento los empleados a quienes representamos, dejaron de realizar tareas que les correspondía y que quedaron acordadas”.
Además del saldo que esta dedicación ocasionó en los “más de 100 compañeros positivos en COVID-19 y un número similar de aislados por contacto estrecho en sus lugares de trabajo”. Aún así, puntualizó el gremio “seguimos trabajando de acuerdo a las condiciones y disposiciones establecidas por el Comité Operativo de Emergencias”.
Por su parte, el Colegio de Magistrados y Funcionarios y la Asociación de Jueces expresó un rechazo rotundo a los achaques abogadiles, al razonar que pese a las restricciones impuestas por la situación epidemiológica “el servicio se sigue prestando”. Dicha predisposición, “aún a riesgo de la salud de los operadores, y magistrados y funcionarios se encuentran cumpliendo con todas las disposiciones” para asegurar un acceso indispensable a este servicio.
NdR, 26 de septiembre de 2020.
