Sete la viva, nomás

La millonaria esquila en la que parece haber incurrido EDESA en plena cuarentena enfiló hacia la Corte de Justicia. La motivó un reclamo de una organización no gubernamental que planteó el caso en función de la sobrefacturación en boletas de energía eléctrica. Ahora repasamos este entuerto.
Hace 6 años ESTRADOS

La facturación a ojo que de manera unilateral gatilló la compañía EDESA en medio de la cuarentena irá a la Corte de Justicia, luego que un juzgado confirmara que confeccionó boletas “fraudulentas” a un grupo de usuarios del sector PyME. La elevación hasta el máximo tribunal provincial, fue realizada por el Fiscal ante este organismo jurisdiccional, Eduardo Sylvester quien dio vía libre a este conducto, originado en la sobrefacturación correspondiente al pasado mes de abril.

Como muchos de estos establecimientos estuvieron cerrados desde mediados de marzo, el Fiscal ante la Corte de Justicia de Salta ratificó a la ONG AYNI como la actora en el reclamo pidiendo penalidades ejemplares hacia la firma en cuestión. Además, los representantes legales de esta entidad, cuyo titular es José Lazarte, le confirmaron a diario El Tribuno la posibilidad de presentar una denuncia  penal contra Luis Pablo Pagano, Guillermo Luis Coltrinari y Julio Enrique Usandivaras, miembros del directorio de EDESA. Así lo admitió ante el citado medio el abogado Pedro Arancibia, al señalar esta “posibilidad de denunciar penalmente a los directivos de la empresa Edesa".

AYNI exhortó a que la justicia provincial declare nulo el accionar inconsulto de la empresa distribuidora de energía, al calcular por su cuenta y redactar las boletas con montos antojadizos, haciendo tambalear las finanzas de este segmento de usuarios. Por ello, la entidad reclamó la intercesión judicial a fin de conseguir el reintegro a los damnificados por el sobreprecio pagado, junto con una tasa de interés abusiva, de mala fe, junto con la penalidad correspondiente.

El presidente de esta Organización, José Lazarte resumió que el reclamo formal se orientó a lograr "la máxima sanción económica prevista en la ley nacional 24.240 de defensa del consumidor".

NdR, 21 de junio de 2020.


Este artículo está optimizado para dispositivos móviles.
Leer Versión Completa

Más Noticias