Los vándalos las prefieren subsidiadas

Los hechos vandálicos denunciados en los últimos días por empresas de servicios, junto con el caso de los millones que extrañamente le sustrajeron a un funcionario parlamentario, deben ser de los más extraños que recuerde la historia policial. Un ataque a un vetusto colectivo que a duras penas cubre el servicio en zona Sudeste y un grupo de jóvenes que amedrentó a operarios de la firma encargada de la reposición del alumbrado público en el oeste capitalino.   

Por un lado, la empresa SAETA denunció que el martes pasado fue apedreada una unidad del corredor 7C, cerca del Hospital Papa Francisco (uno de  los más desvencijados centros de salud de toda Salta). En esta ocasión, la advertencia lanzada por el conductor a través de un botón antipánico fue lo que alertó a la policía, la que luego constató la rotura de una ventanilla y lastimaduras a una pasajera.

Si se tienen en cuenta estos detalles y se los contrapone a otras denuncias recientes, como por ejemplo la cuádruple seguidilla de hechos violentos expuestos hace una semana en barrio Castañares, fácilmente se advertirá que lo que no falta es seguridad. En una  de aquellas situaciones en el norte capitalino, fue una cámara ubicada dentro de un colectivo (7B de la misma compañía, Alto Molino). Es decir, los colectivos están asistidos por: botones antipánico, cámaras de vigilancia, una división de SAETA específica para asistir a choferes ante emergencias y la propia Policía de la provincia.

Este jueves, la propia empresa SAETA anunció en un comunicado oficial que, ante una señal activada por algún conductor, ésta “también es recibida por el área de Gestión de Flota de SAETA, lugar desde el cual se apoya el pedido y se realiza la comunicación con el área de seguridad”. Para más datos, indicó que “esta área también es la encargada del control de las cámaras de seguridad de los 30 coches que componen el servicio nocturno”.

Los pedidos de auxilio

A pesar de este cuádruple escudo protector (botones antipánico, cámaras, Gestión de flota y policía), los inefables directivos de la Autoridad Metropolitana de Transporte ensayaron una reunión con el ministro de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro, a quien le reclamaron más medidas de seguridad! AMT opera como el Joaquín Galán de SAETA, ya que entre ambas cuentan con un presupuesto anual que es una vez y media el total que administra la Municipalidad de Salta. 

A este fin, Pulleiro recibió este miércoles las quejas entabladas por Marcelo Ferraris y el ex concejal Gustavo Serralta, difícil definir si en nombre de AMT o de SAETA. Puede que de parte de ambas, ya que a la hora de los reclamos, principalmente de subsidios, actúan en tándem  

Y a esta volada se sumó en las últimas horas la “inolvidable” empresa Lusal, supuestamente encargada del alumbrado en la vía pública, y capitaneada por el abogado Emilio Tuñón. Según el encargado de esta “empresa”, el martes por la tarde sus operarios fueron amenazados por patoteros al hacer un recorrido por las barriadas de la zona oeste, en Solís Pizarro y Atocha.

Dejando de lado el hecho policial en sí mismo, si se le ha de creer a Tuñón esta cuadrilla habría acudido abnegadamente en respuesta al pedido vecinal para la reparación de luminaria. Otro hecho para inmortalizar en imágenes, puesto que son de los que escasean en el curriculum de Lusal. 

De ahí en más, los medios de prensa afines abarrotaron sus crónicas con adjetivaciones a raíz de este “brutal ataque” o “temor en los barrios”. Lo que terminó envalentonando a Tuñón, quien rápidamente concluyó que la prestación de este servicio pasó a convertirse en una tarea “peligrosa” y que ni siquiera el resguardo policial será suficiente para continuar con esta asistencia a los barrios. Habría que consultar a los vecinos, ya que probablemente esta amenaza de restricción del servicio, muy parecida a la de SAETA, quizás sea la única noticia que tienen de Lusal en años.