JVG: ultimátum al intendente

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La gestión a cargo del Jefe comunal Juan Domingo Aguirre recibió un nuevo ultimátum, ante la fiscalía penal de Joaquín V. González, por el apego ya casi enfermizo a no compartir información sobre las finanzas municipales. La presentación se conoció al comenzar la semana, luego de la presentación ante la titular de esta unidad de investigación, María Celeste García Pisacic, con firma de media docena de concejales (de los 11 que totalizan este cuerpo). 

Esta nueva denuncia penal se realizó, luego de expirado el plazo de 45 días que le había dado en mayo la justicia de este distrito, a fin que el titular del Ejecutivo gonzaleño informase la situación financiera de la intendencia a su cargo. Pero al notar que transcurrido dicho lapso Aguirre mantenía su tesitura, los ediles decidieron volver a la carga el pasado 6 de septiembre y pedir un nuevo recurso que le refrescara la memoria.

Fue así que los concejales Ana Silvia Sarmiento, Macarena Navarro, Sebastián Péres, Valeria Magdalena Jugo, Luis Carlos Palma Navarro y Juan Manuel Medina Carmona, le pusieron rúbrica a esta nueva presentación ante la justicia. Cada uno de los representantes, si cabe la aclaración, pertenecen a diversas fuerzas políticas (Identidad Salteña, UCR, Movimiento 8 de Agosto, entre otros) lo que le otorga un carácter ecuménico a esta impaciencia.  

Esta presentación del sexteto de ediles abona a la sedimentación de acciones por esta vía, recibidas por el intendente Aguirre. En particular, las del expediente 12817/22, la que data del 17 de mayo pasado y por la cual se le había dado un plazo de 45 días hábiles, a fin de compartir el detalle financiero-contable de la ciudad cabecera del departamento Anta.

En aquel contexto jurídico-político, los tironeos entre los concejales y el Alcalde gonzaleño por la información mencionada habían generado hasta una visita de la presidenta de la Corte de Justicia, Teresa Ovejero, quien acudió a esta ciudad a pacificar el panorama. A lo que sucedió la dimisión del diputado Marcelo Paz, quien dejó su banca y pasó al puesto de Secretario de Gobierno del municipio. Un cargo desde el cual había comprometido aceitar la trabada relación entre Ejecutivo y Concejo Deliberante. 

De manera tal que esta semana, expirados estos plazos, los ediles consideraron que Aguirre está incurriendo en el incumplimiento de tal orden judicial. En función de tal razonamiento, los 6 concejales pidieron ser admitidos como “querellantes” en la causa que incluye solicitud de girar las Cuentas de Ejercicios 2017, 2018, 2019 y 2020. Es decir, la gestión a cargo de Aguirre lleva un lustro completo sin informar cómo administra los bienes públicos. 

A lo que igualmente los ediles sumaron “omisiones de información respecto a la ejecución del Plan de Obras Públicas, de los fondos en concepto de canon de (la empresa) Salta Forestal, y balances”. Aquel recurso de amparo, planteado el quinto mes del año en curso, recayó en el Juzgado de Primera Instancia de Familia [NdR: por lo cual se explicó la visita de la titular de la Corte, ante un hecho sumamente llamativo].

Luego de lo cual, el día 17 de mayo se envió desde este juzgado, en dirección a la esquina ubicada en avenida Güemes e Hipólito Yrigoyen, la notificación al Jefe comunal. De ahí en adelante empezaron a contabilizarse los 45 días hábiles. Los que, a su vez, ya expiraron y en lugar de la primavera emergió la impaciencia de los representantes.

NdR, 13 de septiembre de 2022.